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Artículo 40 y población en riesgo
Por Claudia Virginia Samayoa - Guatemala, 31 de octubre de 2005
cvsjrh@intelnet.net.gt

Si la reubicación busca generar desarrollo, debe pensarse en el rediseño de la distribución de la tierra.

Hasta el cansancio se ha señalado que los estragos de Stan nos muestran con toda su agonía las consecuencias irracionales del sistema de exclusión social guatemalteco. Algunas declaraciones gubernamentales y de organismos internacionales han señalado la necesidad de responder de una forma responsable a las poblaciones en riesgo.

No solamente están en riesgo las comunidades afectadas por el mencionado huracán, hay otros cientos de aldeas y asentamientos en peligro de ser destruidos por fenómenos naturales de diverso tipo. Contierra y el MAGA tienen los mapas de estas comunidades, por lo que no es difícil medir el tamaño del reto.

Una ex funcionaria de un municipio de la costa me decía, en medio de la crisis de Stan, que su gran frustración era que las poblaciones afectadas habían sido identificadas por el mapa de riesgo municipal pero no se les pudo reubicar por la ausencia de un marco normativo, y de voluntad política del Gobierno central.

Recientemente, el Gobierno ha ofrecido la reubicación de las poblaciones afectadas y en riesgo para evitar nuevos desastres. Si cumplen con su oferta, la reubicación debería hacerse para garantizar la sobrevivencia de las comunidades y su activación económica para que puedan insertarse en el mercado nacional. Recordémonos que la implementación del TLC RD-CAUSA significa que en breve las economías campesinas no tendrán posibilidades de sobrevivir.

Si la reubicación busca realmente generar desarrollo, debe pensarse en el rediseño de la distribución de la tierra. Para ello, el Gobierno cuenta con un instrumento que le daría la potestad para reubicar a las personas a tierras productivas y con posibilidades para el desarrollo. Hablo ni más ni menos que del Artículo 40 de la Constitución.

Dicho artículo refiere a la expropiación y estipula que "En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley, y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual.La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que, con el interesando se convenga en otra forma de compensación. Sólo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad, o expropiarse sin previa indemnización, pero ésta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la emergencia..."

Dado que estamos en un estado de calamidad pública y este ha sido aprovechado por el Gobierno para liberar las concesiones de una serie de regulaciones. ¿No sería el momento de expropiar la propiedad ociosa para que las comunidades afectadas por Stan y las que están en riesgo puedan reasentarse y reiniciar su vida?

Fuente: www.sigloxxi.com


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