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Secretos de Estado
Por Carolina Vásquez Araya - Guatemala, 18 de octubre de 2004

No debería ser privilegio de los funcionarios retener información de interés público

La falta de normas eficientes y modernas para el manejo de información en la administración pública, sumada a la vieja tradición de ocultar a los ciudadanos todo cuanto podría constituir motivo de críticas o señalamientos, ha creado un verdadero muro de silencio alrededor de información que debería ser de dominio público.

En un intento por romper este bloqueo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentó un proyecto de ley para regular el acceso a la información pública, así como exigir el derecho de acceso a datos personales almacenados en archivos estatales y privados.

Esta iniciativa se fundamenta en lo establecido en la Constitución Política de la República que en su artículo 30, relativo a la publicidad de los actos administrativos, señala: “Todos los actos de la administración son públicos.

Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”.

Actualmente, los medios de comunicación y las organizaciones civiles que intentan obtener los resultados de las pruebas realizadas en los establecimientos educativos del país, se han estrellado contra la decisión de la ministra del ramo de no entregarlos, amparándose en la confidencialidad de los datos obtenidos en los centros educativos públicos y privados a lo largo y ancho del país.

Sin embargo, la importancia de este ejercicio académico rebasa los límites de la discreción.

No es cuestión de señalar con el dedo a quienes no cumplen con los niveles mínimos de calidad, sino evaluar el nivel de la educación que se imparte en toda la República, generando así una base de información valiosa para reformar los programas y elevar las cotas de la educación, con el objetivo de ponerlas a tono con aquellos países que presentan mejores índices en los resultados de su sistema educativo.

La educación es asunto de todos y la sociedad entera resulta tan afectada por sus deficiencias como beneficiada por sus avances.

Sus debilidades se reflejan no sólo en los egresados de nivel medio, sino se expanden hacia las aulas universitarias con su elevado costo económico y social, el cual culmina en una pérdida de competitividad a escala general.

Por ello es importante revelar los secretos, ventilar las deficiencias y exaltar los logros.

Sólo así se podrá comenzar a establecer un diálogo abierto y productivo sobre la educación, base fundamental del desarrollo.

Tomado de Prensa Libre www.prensalibre.com


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