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Mal precedente
Por Carolina Vásquez Araya - Guatemala, 6 de noviembre de 2004

La debilidad del Gobierno frente a las PAC abre las puertas a cualquier tipo de extorsión

Un radioescucha decía: “Creemos que el presidente es un hombre honesto, pero sería bueno que también fuera firme”, aludiendo a la manera como el mandatario ha encarado el reto de las PAC -que de “ex” nada tienen- al comprometerse a aprobar el decreto que autoriza el pago de la indemnización exigida de manera violenta por los paramilitares.

Dadas las características socio-culturales de Guatemala, la coordinación en la toma de carreteras y edificios públicos ejecutada por estos grupos en todo el territorio nacional, generando caos y pérdidas millonarias en el sector productivo, nada tiene que ver con una protesta civil.

En su logística se adivina la intervención de un cerebro estratégico de corte militar, capaz de ejercer liderazgo entre los integrantes de las Patrullas y de controlar estrictamente cada una de sus acciones, con todo lo que ello implica de retroceso en un sistema democrático.

Además, los acontecimientos de la semana dejan en evidencia la debilidad del sistema político, al mostrar la escasa capacidad de la oposición para poner límites a las decisiones apresuradas del Gobierno, así como la poca influencia de los asesores del presidente, que no le hacen conciencia del peligro en el cual coloca a la institucionalidad, al seguirle el juego a un grupo ilegal, ilegítimo y abiertamente confrontativo.

A partir del triunfo de las PAC, cualquier grupo capaz de organizar una manifestación violenta y de amenazar al Gobierno con secuestros, asesinatos, destrucción y caos, tiene el futuro asegurado. Basta con despertar al monstruo y enseñar los dientes para que la más elevada instancia de la nación se ponga a temblar y acepte negociar lo que sea.

Es curioso que sean quienes amenazan con la violencia y demandan privilegios inmerecidos, aquellos beneficiados con el beneplácito oficial. En cambio, cuando las protestas surgen de la población civil, de los grupos marginados o de las organizaciones comunitarias, rara vez se las escucha y, por lo general, se las reprime con mano dura aún cuando sus motivos sean legítimos y sus procedimientos, legales.

El Gobierno está obligado a reevaluar sus prioridades y, sobre todo, analizar el sesgo que están tomando algunas de sus decisiones.

Por ejemplo, si el propio presidente de una nación, en contra de la voluntad popular -como es el caso del proyecto minero en San Marcos- se pone a hacer campaña en pro de los intereses de una empresa transnacional, tampoco puede sorprender que su enfoque del problema de las PAC sea tratado como un escollo político más, posible de neutralizar con una inyección de dinero. Si esa es la perspectiva oficial, Guatemala está en serio peligro.

Fuente: www.prensalibre.com


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