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El informe
Por Carolina Vásquez Araya - Guatemala, 15 de enero de 2005

El primer año de gobierno del presidente Berger fue marcado por la inseguridad ciudadana.

Un grupo de columnistas tuvimos el privilegio de recibir el informe de avance del plan “Vamos Guatemala” del propio vicepresidente de la República, con la presencia del mandatario y parte de su gabinete, en Casa Presidencial. Ayer, el Congreso de la República escuchó el correspondiente a la labor efectuada durante el primer año de gobierno.

No hay duda -yo, por lo menos, no la tengo- de las inmensas dificultades encontradas en el Estado después del tsunami político y económico provocado por el Frente Republicano Guatemalteco.

Tampoco sería justo minimizar el valor requerido por los nuevos funcionarios para denunciar los innumerables actos de corrupción encontrados en la administración pública, el tráfico de influencias y los delitos cometidos por la casi totalidad de los funcionarios del gobierno anterior, así como sus esfuerzos por revertir el total descrédito en que ha caído la mayoría de las instituciones.

Pero todo tiene sus peros y uno de los más evidentes en la lectura del informe de avance de “Vamos Guatemala”, fue el silencio sobre algunos de los factores de mayor impacto en la situación actual del país, como las operaciones del crimen organizado y el narcotráfico.

Silencio tanto más estridente, si se considera la intencionalidad aviesa con la cual el gobierno pasado y los anteriores a él, permitieron la consolidación de grupos de poder clandestinos y cerraron los ojos ante los vínculos muchas veces descaradamente públicos de éstos con los cuerpos de seguridad del Estado.

En dos platos, nadie quiso ponerle el cascabel al gato y hoy, muchos políticos que antes guardaron un silencio cómplice, se lo exigen a la nueva administración.

Esta omisión en el informe coincidió con otra igualmente importante: el pago a las Patrullas de Autodefensa Civil, grupo organizado a nivel nacional hábilmente instrumentalizado por el FRG, el cual ahora se ha constituido en una de las mayores amenazas al estado de Derecho, por obra y gracia de las irreflexivas promesas de campaña del actual mandatario.

Este es el panorama real, en medio del cual lo realizado por los diferentes ministerios durante el año transcurrido desde la toma de posesión, no es más que el trabajo mínimo obligatorio de cualquier administración honesta. Lo que sucede es que ya la población ha olvidado lo que es eso y cuando un funcionario simplemente cumple con su deber, todos esperan un estallido de aplausos y elogios.

El primer año parece haber sido apenas la limpieza de toda la suciedad anterior, ahora falta la verdadera obra: consolidar la institucionalidad y revertir el daño, por medio de un combate abierto al crimen y a la corrupción, pero sobre todo contra quienes los patrocinan.

Fuente: www.prensalibre.com


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