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El dinero y los partidos
Por Carolina Vásquez Araya - Guatemala, 29 de enero de 2005

Los electores son víctimas de fraude desde el momento en que no hay control sobre el financiamiento de los partidos.

Los millones de dólares repartidos por Comcel, sin duda para agenciarse de privilegios en el sistema estatal de concesión de frecuencias, no es nada nuevo.

Antes también hubo enormes sumas de dinero migrando de las cuentas de compañías nacionales y extranjeras hacia los bolsillos blindados de los funcionarios de gobierno.

La diferencia estriba en la investigación, las denuncias y el conocimiento público de tales actos de corrupción, con la alentadora perspectiva de desembocar en una reforma adecuada de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en el tema del financiamiento.

Sin embargo, en este escándalo de Comcel se comienza a perder de vista el meollo del asunto. El delito no reside en si Girón y sus amigos se quedaron con el dinero o lo entregaron al partido. El delito reside en que ese dinero, no importa a cuál cuenta fue a parar, compró privilegios y provocó un mayor empobrecimiento del país y de sus habitantes.

El abuso está en permitir a esa compañía continuar violando los derechos, tal y como hace con la instalación de torres de transmisión en áreas residenciales, las cuales afectan la salud de los vecinos, sin que las autoridades de gobierno escuchen siquiera las quejas bien sustentadas de los ciudadanos, a quienes deben responder por sus decisiones.

Si Comcel fue capaz de sobornar a funcionarios del gobierno anterior, ¿existe alguna razón para creer que no hace lo mismo con los actuales? ¿No ameritan las acciones de Comcel en el pasado una auditoría a fondo para determinar si esas maniobras son inherentes a su filosofía empresarial?

Esto mismo aplica a otros financistas de campañas. Sean nacionales o extranjeras -en esto no hay distinciones éticas ni morales-, las empresas o individuos cuya generosidad raya en lo inverosímil cuando se trata de entregar dinero a los candidatos, deben ser fiscalizadas y auditadas para prevenir más tráfico de influencias y actos de corrupción en el seno del Estado.

Ahora, con esta compañía en el banquillo de los acusados, sería conveniente estrechar los controles, fiscalizar los aportes de particulares a las campañas, establecer límites a la inversión política en propaganda y crear una instancia difícil de corromper, con suficiente capacidad técnica para auditar permanentemente el origen, monto y destino de cada centavo recibido por los políticos o sus partidos.

Esta debería ser una iniciativa urgente del Congreso de la República, a pesar de que muchos de sus integrantes han sido beneficiados y gozan de una curul gracias a la anarquía imperante en el tema.

Fuente: www.prensalibre.com


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