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Inmunidad parlamentaria
Por Carolina Vásquez Araya - Guatemala, 28 de febrero de 2005

Los casos de corrupción entre las autoridades son la norma, no la excepción. Es hora, entonces, de analizar el tema de la inmunidad.

El último de los escándalos de corrupción en los cuales se han visto involucrados funcionarios de gobierno y, aparentemente, el primero de la actual administración, ha sido la captura del jefe del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil.

El señor Haroldo Quezada ha sido acusado de extorsionar a los representantes de escuelas de automovilismo y centros de evaluación, a quienes exigía dinero a cambio de certificados de aprobación del examen teórico-práctico exigido como requisito previo a la extensión de la licencia de conducir. En circunstancias normales, estos certificados se entregan gratuitamente a los usuarios.

Este caso no es solamente otro más en el largo expediente de la corrupción estatal. También es un llamado de atención respecto de la necesidad de depurar los organismos del Estado, los cuales -cual caja de Pandora- siguen produciendo monstruos, acunando escándalos y albergando a funcionarios indeseables, la mayoría de ellos amparados por sus colegas y por un sistema que impide la acción oportuna de la justicia.

La inmunidad parlamentaria -mecanismo al cual apela el ahora sindicado por su calidad de diputado suplente- es un vicio atroz, usado consuetudinariamente por delincuentes de cuello no tan blanco, pero con muchas conexiones y poder político.

Los diputados honestos y trabajadores, capaces de ganarse a diario el honor del cual son depositarios, no necesitan trucos legales para evadir la justicia, ni la temen. Pero otros, sentados a su vera y con iguales privilegios y obligaciones, abusan de la confianza de los electores cometiendo actos delictivos con la certeza de poder escabullirle el bulto a la dama de la balanza, no importándoles cuán grave sea su crimen.

Una de las consecuencias más serias de la degradación moral de la casta política es su actitud complaciente ante la corrupción. Aún a sabiendas de las debilidades de algunos de sus miembros, son capaces de entregarles la dirección de instituciones de enorme impacto en la seguridad de la ciudadanía.

¿Miedo o indiferencia? Cualquiera sea el motivo que los impulsa a callar y permitir los abusos, es hora de poner un alto a esa tradición nefasta y aplicar normas estrictas para depurar sus filas, no importando cuán alto sea el costo.

Algo similar sucede en la institución castrense, estremecida por escándalos de fraude, enriquecimiento ilícito y crímenes de lesa humanidad. Es un asunto de mínimo sentido común la necesidad de limpiar sus estructuras antes de siquiera pretender recibir contribuciones -como la ayuda ofrecida por el Gobierno de Estados Unidos- no sólo inmerecidas, sino insultantes.

Fondos para el Ministerio de la Defensa son una bofetada en pleno rostro para aquellos habitantes carentes de lo básico: agua, alimentos, medicinas, escuelas, seguridad.

Fuente: www.prensalibre.com


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