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Limpieza social
Por Carolina Vásquez Araya - Guatemala, 18 de abril de 2005

El aumento de asesinatos con tiro de gracia refleja una profunda crisis en la administración de justicia, espejo del colapso social del país

La sociedad recibió con escepticismo el anuncio de la intención presidencial de abolir la pena de muerte.

Esto, porque ya existe la aplicación cotidiana de la pena capital a manos de los escuadrones de la muerte, integrados por expertos en uso de armas de alto calibre y especialistas en emboscar a sus víctimas sin dejar rastros.

La declaración del presidente, por lo tanto, no alcanzó su objetivo de elevar la imagen del mandatario ni consiguió colocarlo a la par de otros líderes cuyo halo humanitario ha sido construido de manera mucho más consistente.

Es contradictorio hablar de eliminar la pena de muerte en un país cuya población vive amenazada diariamente por un exterminio selectivo y sistemático, perpetrado a vista y paciencia de las fuerzas de seguridad las cuales, para rematar, se encuentran infiltradas por asesinos, traficantes, violadores y secuestradores que operan con total impunidad.

Sin embargo, es interesante observar el comportamiento de las instituciones encargadas de perseguir la corrupción —cuna y origen de una proporción abrumadora de esa degradación en que se encuentra la nación— y de aquellas responsables de administrar justicia.

En ambos casos, su actuar miope e ineficiente constituyen un aval para el crimen —organizado o no— que mantiene a la población en permanente estado de terror.

La situación es aún más preocupante cuando se comprueban las debilidades del sistema en lo referente a la atención de aquellas necesidades más urgentes de la sociedad, tales como salud, educación, trabajo o vivienda, cuya carencia impulsa indefectiblemente a los jóvenes a buscar la supervivencia en el campo del delito.

Se ha intentado culpar a las maras de toda la crisis de seguridad nacional, acentuando el hecho de su procedencia extranjera, como si con ello pudiera el Estado sacudirse la responsabilidad que recae sobre sus hombros y sobre su elusiva conciencia. Pero la realidad es otra. La crisis viene desde adentro.

Desde el abuso del poder de los cuerpos de seguridad y el enquistamiento de cuadros intocables en los círculos más elevados del mando nacional.

Es preciso enfatizar que la pena de muerte se aplica a diario y ni el Gobierno ni la sociedad tendrán la capacidad de controlarla, mientras no se depuren el sistema de administración de justicia y los organismos encargados de proporcionar seguridad a la población.

Pero estas reformas serán inútiles, a menos que los líderes emprendan una transformación capaz de sentar las bases para una sociedad más justa y equitativa.

Fuente: www.prensalibre.com


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