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Trabajo forzado
Por Carolina Vásquez Araya - Guatemala, 2 de mayo de 2005

Después de ver cómo los reclusos beben licor y usan celular, ahora los mareros disfrutan de la piscina

Es de no creerlo. La mitad de la población de Guatemala sufre por la falta de agua, pero los mareros la usan para chapotear en una piscina, dentro de las instalaciones del Centro de Detención Preventiva de Escuintla. ¿No es el colmo?

La sobrepoblación en las cárceles del país y la falta de recursos económicos y humanos para aplicar las leyes e imponer la justicia, han borrado la frontera entre la actividad criminal y la vida normal de un país democrático.

En Guatemala predominan los grupos armados clandestinos, existen territorios tomados por las bandas criminales, hay barrios enteros bajo el yugo de narcotraficantes, pero lo más grave es la debilidad de las instituciones que observan impotentes su propia inoperancia.

En este entorno, el Sistema Penitenciario sobresale por su ineficiencia. Las cárceles no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad para los reclusos y tampoco para la población a la cual sirven. Se sabe de actividades ilícitas desde el interior de las prisiones y jamás se conocen las medidas de las autoridades para evitar estos abusos.

El pueblo empobrecido y agobiado por la inseguridad es el responsable, además, de mantener y alimentar a estos antisociales, mientras carecen de los recursos mínimos para mantener y alimentar a sus propias familias.

Y las autoridades del Sistema Penitenciario, sin reserva alguna, permiten a los criminales gustos y facilidades que la inmensa mayoría de la población trabajadora no conoce ni en sus sueños más extravagantes.

La solución no es fácil ni inmediata, pero por algún punto debe comenzar. Quizá por obligar a los reclusos a producir lo suficiente para pagar por su manutención y la del centro en el cual viven recluidos.

Dejar de constituir una carga para el Estado —lo cual significa dejar de aprovecharse del trabajo honrado de la población que paga impuestos— debe ser una prioridad del sistema carcelario.

Luego, es fundamental instaurar métodos eficientes de detección de objetos no autorizados en las prisiones y erradicar de manera absoluta y definitiva el uso de teléfonos celulares, computadoras y cualquier instrumento electrónico que permita a los reclusos gozar de libertad de comunicación hacia el exterior.

Es ridículo instalar antenas para interceptar las señales celulares, si con una operación eficiente e incorruptible se pueden requisar todos los aparatos.

Siempre, claro, que exista una voluntad clara de tomar medidas estrictas y eliminar toda clase de privilegios para quienes merecen un castigo por su conducta criminal.

Fuente: www.prensalibre.com


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