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Los límites del poder
Por Carolina Vásquez Araya - Guatemala, 6 de junio de 2005

Si los representantes del sector privado fueran tan inteligentes como creen, cuidarían sus fuentes de riqueza.

Este país se encuentra en manos de un poder económico caracterizado por una notable incapacidad para proyectarse hacia el futuro. La riqueza, creen, está ahí para explotarla, agotarla y acabársela en un par de generaciones, a lo sumo.

Ni siquiera tienen la visión de prevenir la destrucción del mundo en el cual sus propios hijos y nietos tendrán la mala suerte de realizar su vida.

Esta actitud no sería tan perjudicial si hubiera un Estado fuerte, capaz de imponer las normas apropiadas para la protección del patrimonio nacional. Pero con gobiernos débiles, venales e inclinados a favorecer al único sector siempre beneficiado por los políticos, el destino de la nación parece volverse cada día más oscuro.

La última decisión tomada por las autoridades en vísperas del Día Mundial del Medio Ambiente, da asco. A pesar de los informes técnicos que revelan el excesivo nivel de contaminación del agua, recurso del cual depende la vida de todos los seres vivos, los burócratas del Ministerio de Ambiente suspendieron la entrada en vigor del Reglamento de Descarga de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores -lo cual, traducido al castellano, significa no continuar arrojando basura al agua que se usa para beber, regar los sembradíos y cobijar a miles de especies acuáticas.

Ya no cabe duda alguna de que cuando el actual presidente dijo durante su campaña: “seré el presidente de todos los guatemaltecos” se refería a sus amigos del sector empresarial. A nadie más.

Por lo visto, para él los guatemaltecos son quienes conforman su corte y financiaron su carrera política. Lo más lamentable de todo es su capacidad para ejercer presión sobre otros funcionarios quienes, conociendo sus obligaciones, se dejan manipular y aplastar por las decisiones arbitrarias del jefe.

Negar a la población el derecho a beber agua limpia sólo por proteger el bolsillo de malos empresarios, es un acto inconstitucional. La Carta Magna es muy clara respecto de los derechos de la ciudadanía y las obligaciones de los gobernantes, por lo cual toda acción atentatoria contra esos derechos es ilegal, ameritando investigación y sanciones acordes a su impacto.

La ciudadanía no puede seguir sobreviviendo a merced de grupos que se han enriquecido a costa de la miseria del pueblo. Hay otras maneras más inteligentes de hacer dinero, las cuales, además, resultan sustentables, protegen las fuentes de trabajo y de riqueza y hacen más competitivos a los países a nivel internacional.

Si las sanciones en contra de la destrucción no vienen desde adentro, no cabe duda de que algún día vendrán desde el ámbito internacional.

Fuente: www.prensalibre.com


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