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Los niños de Guatemala
Por Carolina Vásquez Araya - Guatemala, 20 de marzo de 2007
elquintopatio@mac.com

El Estado guatemalteco ha perdido la capacidad de proteger la vida de mujeres, adolescentes y niños, pero también de investigar esos crímenes.

Uno de los síntomas de crisis institucional de un Estado es la pérdida de control sobre sus fuerzas de seguridad, una de cuyas consecuencias inmediatas es la corrupción en las filas de la Policía y los abusos de autoridad.

Pero, si además de eso, la sociedad civil manifiesta dudas razonables respecto de la existencia de escuadrones de la muerte y grupos paramilitares vinculados a las dependencias estatales, entonces el descrédito de las autoridades conduce a una situación de inestabilidad sumamente peligrosa para el sistema democrático.

Las denuncias de algunas organizaciones de derechos humanos sobre los asesinatos de niñas y niños durante los primeros meses del año -ya van 120 y se pronostica que este año será más violento que el pasado- deben llamar la atención de toda la sociedad y forzarla a involucrarse más en la propuesta de soluciones.

En este sentido, un grupo de infantes ya dio el ejemplo al acudir a una reunión organizada por Casa Alianza, durante la cual solicitaron a la Comisión del Menor y la Familia abogar por la emisión de leyes más efectivas para proteger la vida y la seguridad de niñas, niños y adolescentes, así como la aprobación de la ley de adopciones y de las reformas al Código Penal, las cuales aún se encuentran inexplicablemente engavetadas en el parlamento.

Si esta petición surte o no efecto, es otra cosa. Pero ya está presentada ante los diputados de la comisión respectiva y éstos no tienen muchas excusas para evadir su responsabilidad en un asunto de interés nacional.

Porque, indudablemente, es de interés nacional la protección de la vida de miles de menores de edad cuya supervivencia se ve amenazada por el clima de violencia delincuencial, por la pobreza en la cual vive más de la mitad de la población guatemalteca con limitado acceso a la educación, sin servicios básicos ni de salud, maltrato intrafamiliar, abuso sexual, trata y prostitución de menores, contrabando y otras situaciones originadas en la corrupción e ineficiencia del sector político y de otros grupos de poder.

La ocasión para sacar a colación el tema es ideal, en los inicios de la asamblea de gobernadores del BID durante la cual se analizarán, precisamente, las estrategias de desarrollo para el continente.

Si de esta asamblea surge un compromiso serio y consensuado por revertir la tendencia hacia la polarización de la riqueza y por dirigir los esfuerzos hacia un desarrollo sostenible, entonces el esfuerzo habrá valido la pena. Aún es tiempo para adoptar una postura más humanitaria y consecuente, la cual contribuya a generar acciones gubernamentales y privadas con un mínimo de visión social.

Fuente: www.prensalibre.com - 190307


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