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Impunidad a todo nivel
Por Carolina Vásquez Araya - Guatemala, 24 de marzo de 2007
elquintopatio@mac.com

La semana terminó con malas noticias en todos los aspectos. Los informes de Kompass y Alston apuntan a la responsabilidad del Estado en ejecuciones extrajudiciales.

El relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, indica en el informe derivado de su visita al país en agosto del 2006, que en Guatemala hay limpieza social.

Esto, luego de la negativa del Ministro de Gobernación durante la interpelación de la cual fue objeto en el Congreso, y de la resistencia de otros funcionarios del Ejecutivo a siquiera comentar el tema.

Sin embargo, para cualquier guatemalteco medio informado, esto es una realidad indiscutible. El hallazgo diario de cadáveres con señales de tortura y tiro de gracia no es cosa de los años 80 ni de los excesos cometidos por las dictaduras militares.

Esto se produce en pleno siglo veintiuno, con un sistema democrático en proceso de consolidación, con autoridades civiles y con instituciones dedicadas al tema de seguridad ciudadana.

Este informe incendiario se suma a otro emitido por la oficina en Guatemala de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACDH), según el cual Guatemala rompió su propio récord de muertes violentas en los últimos 10 años, con 5 mil 885 casos, de los cuales el 98 por ciento queda sin condena y, en muchos casos, sin siquiera ser investigados.

Lo más inconcebible es el silencio oficial. Tibias declaraciones del presidente, quien menciona el asunto de paso, como si fuera otro de los problemas de rutina que lo preocupan pero no le quitan el sueño.

Y ni hablar de una parte importante del sector empresarial, el cual ha salido en defensa del Ministro de Gobernación tratándolo como víctima de una confabulación, en lugar de exigirle respuestas por una situación en la cual, por razones de su cargo, tiene responsabilidad directa.

Otra de las terribles noticias de la semana es el reporte sobre el estado calamitoso de los caudales de agua del país, los elevados niveles de contaminación química que presentan y la impunidad con la cual continúan operando quienes arrojan sus desechos a ríos y lagos.

El tema del agua no es marginal ni menos importante que el de las ejecuciones extrajudiciales porque, al igual que éste, tiene una incidencia directa en la supervivencia de la población, en el futuro del país y en su productividad.

Ambos asuntos deben ser investigados con extrema urgencia y resueltos por medio de acciones firmes. En este último tema cabe poner atención en la propuesta de Ramón Cadena, candidato a procurador de los Derechos Humanos, quien, entre otros puntos de su agenda, propugna por la creación de una procuraduría para la defensa de los derechos ambientales, dado que la actividad humana y las políticas de gobierno permiten, como está visto, la destrucción de las fuentes mismas de la vida.

Fuente: www.prensalibre.com


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