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Delito menor
Por Carolina Vásquez Araya - Guatemala, 24 de julio de 2007
elquintopatio@mac.com

La protección de los derechos de la niñez no parece ser una de las preocupaciones del sistema judicial ni de los demás organismos del Estado.

El robo de niños para venderlos a través de un sistema de adopciones que no garantiza para ellos su bienestar ni un futuro digno, es uno de los delitos más grotescos y aberrantes entre los muchos que se cometen en el país. Sin embargo, al parecer, quienes resultan responsables gozan de los beneficios otorgados por la ineficiencia del Ministerio Público, así como de la falta de mecanismos de seguimiento a las denuncias presentadas por las víctimas.

¿Cuántos niños, niñas y adolescentes han sido arrebatados de su hogar en esta fiebre de compraventa con fines de enriquecimiento? Es probable que muchos más de lo imaginable.

De ahí que los índices del tráfico de menores se disparen a vista y paciencia de los responsables de garantizar la seguridad de la ciudadanía y para vergüenza nacional, ante la mirada del mundo.

No hay que extrañarse, entonces, de la formación de grupos de ciudadanos para proteger sus hogares y vecindario. Si las fuerzas del orden continúan infestadas de delincuentes de todo tipo y, consecuentemente, constituyen una amenaza adicional para la población, es tarea del Estado recuperar la credibilidad en esas instituciones cuyo fin primordial es resguardar la integridad de las personas y sus propiedades, lo cual evidentemente no se cumple.

En esta tierra de nadie, en este ambiente anárquico favorable al abuso y la impunidad, quienes resultan directamente afectados -además de los ciudadanos honrados- son aquellas instituciones que trabajan bien. Así como sucede en el mundo financiero, en el cual algunos bancos y entidades de ahorro dirigidas por ladrones de tacuche han echado una sombra de duda sobre los que sí cumplen con las normas establecidas, de igual modo se ha contaminado la imagen de la adopción legítima por su indeseable asociación con el tráfico ilegal de menores.

Esto no sólo impacta en la imagen de país, sino afecta a niñas y niños que podrían encontrar un futuro más prometedor en hogares integrados y funcionales.

Por esta razón es urgente legislar de manera estricta de acuerdo con normas, tratados y convenciones destinados a proteger los derechos de la niñez. No es posible que Guatemala sea conocida internacionalmente por ser un país donde se pueden comprar niños casi sin investigación de los padres potenciales.

No es admisible que el sistema radique en proveer niños para quien los desee y no hogares para niños que los necesitan. Para comenzar, la sustracción de menores debe ser tipificada como secuestro y considerada un crimen grave, no una falta de la cual se pueda liberar al acusado con el simple pago de una fianza insignificante.

Fuente: www.prensalibre.com - 210707


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