El Congreso en la noticia
Por Carolina Vásquez Araya - Guatemala, 15 de junio de 2008
elquintopatio@gmail.com
De acuerdo con informes de la organización internacional Save the Children, en Guatemala hay más de un millón de niñas y niños trabajadores. Me dirán: ¿qué tiene eso que ver con la corrupción en el Congreso de la República? Todo.
De hecho, si no fuera por la venalidad de los diputados, la falta de control sobre sus acciones, el impedimento a la Prensa de tener acceso a los documentos oficiales y toda una cadena de protecciones mutuas para tapar delitos, es probable que la niñez guatemalteca estaría más protegida y ese vergonzoso millón de infantes estaría inscrito en escuelas públicas bien construidas, adecuadamente dotadas de material pedagógico y a cargo de maestras y maestros capacitados.
Lo sucedido con el actual presidente del Congreso es más de lo mismo. Ahora resulta que las autoridades se dieron el trabajo de averiguar que Rubén Darío Morales también tenía sus trapitos sucios. Y, sin temor a exagerar, se podría afirmar que algo similar ha sucedido con muchos anteriores a él, más toda la corte de asesores innecesarios de la cual se rodean para ver cómo se benefician sin dejar rastros.
Esos 1.3 millones de niñas y niños guatemaltecos privados de oportunidades y obligados a ejecutar trabajos extenuantes, mal remunerados y en situación de explotación extrema, constituyen la prueba de cargo contra esta clase política mal nacida que se ha apoderado de las instituciones y las ha convertido en una conveniente guarida de ladrones.
El problema actual para hacer prevalacer la justicia es la dependencia de un marco jurídico diseñado para amparar los abusos en los cargos públicos, porque aun cuando existan pruebas fehacientes de los delitos, es preciso pasar por todo un proceso de antejuicios y juicios en un sistema viciado desde su origen.
Sería interesante calcular cuántos infantes podrían educarse y alimentarse adecuadamente con los Q82 millones “ahorrados” por un Congreso ineficiente y poco visionario, a lo cual se podrían sumar los fondos acumulados por la incapacidad de ejecución de las demás dependencias del Estado.
Ante el argumento de que las cosas no son tan sencillas como parecen, sería interesante investigar cuán fácil es para un funcionario manipular los fondos públicos, cometer perjurio, traficar con sus influencias en beneficio propio y de los suyos para, finalmente, negociar con sus pares una impunidad de largo plazo y un puesto en la próxima nómina para la reelección.
Fuente: www.prensalibre.com - 140608 |
