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La ley de adopciones
Por Carol Zardetto - Guatemala, 14 de diciembre de 2007

Esperemos la arremetida de los afectados del negocio.

Una sociedad sin principios no puede prevalecer. La historia nos ha demostrado que cuando el núcleo de creencias que soporta a una sociedad se desarma la debacle no se hace esperar. La protección de los niños resulta ser uno de esos núcleos.

En Guatemala había venido floreciendo, con enorme indiferencia institucional y de la mayoría social, una iniquidad: nuestros niños se habían convertido en productos con gran demanda en el mercado mundial. De hecho, nos habíamos convertido en uno de los países más exitosos en su exportación. La cadena productiva era tremendamente eficiente: padres, jaladores y notarios súbitamente convertidos en administradores de casas cuna podían poner a disposición de una familia con la suficiente plata para pagarlo al niño de sus sueños en un tiempo récord.

La adopción, destinada a beneficiar principalmente a niños huérfanos y de manera subsidiaria a madres que no desean conservar a sus hijos, se desfiguró. Conseguir niños para entregarlos en adopción se convirtió en el objetivo de una jauría alentada por un principio inspirador: los niños de la gente pobre están mejor en manos de la gente rica. Por supuesto que este pensamiento enmascara la verdad pura y dura: había demasiado dinero de por medio como para pararse a considerar sentimentalismos. Y esta es la cuestión toral: todo este asunto se basaba en algo profundamente inmoral. Convertir a un niño en un bien fungible, sujeto a la oferta y la demanda del mercado, ponerle precio es inmoral y no hay vuelta de hoja.

Arrastrados por esa ola de dólares y euros, toda la gente involucrada se dejó cegar. Los límites se desvanecieron. Llegó el día en que los niños que no eran entregados voluntariamente eran sustraídos. Las madres alquilaban sus vientres. Las jovencitas solteras eran presionadas y humilladas, o bien utilizadas por sus hombres para agenciarse de unos miles de quetzales (migajas en comparación con las infladas cuentas de los abogados dedicados al negocio). El mercado se impuso: quien tiene dinero puede obtener lo que desea, aun a costa del despojo.

A trabas y rempujones la ley fue emitida. El Estado recuperó el papel que nunca debió abandonar: ser garante de la seguridad y el bienestar de los menores, pero también la mano que mantiene el orden social y hace prevalecer los principios que lo sostienen.

Seguramente debemos esperar la arremetida de todos los sectores perjudicados por la pérdida del jugoso negocio. Ahora vendrán los argumentos de ineficiencia del Estado, de corrupción, de las dificultades de la burocracia. Ahora vendrán a golpearse el pecho los traficantes, haciéndonos creer que su principal interés estaba en ubicar en “buenos” hogares a niños tan miserables que no tienen siquiera el derecho a ser considerados invaluables por su familia y sociedad.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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