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Jueces en peligro
Por Dina Fernández - Guatemala, 2 de mayo de 2005

Urge que la Corte Suprema brinde seguridad a los juzgadores

Es una barbaridad que haya tenido que ocurrir el asesinato execrable del juez de Chiquimula, José Víctor Bautista Orozco, para que la Corte Suprema se decidiera a mover un dedo para proteger a quienes asumen la temeraria misión de hacer justicia en Guatemala.

Ya era hora de que los magistrados de la Suprema tomaran nota del peligro que corren los jueces y se dieran a la extenuante tarea de formar una comisión encargada de pedir más dinero para brindarles seguridad.

Mientras consiguen esos recursos, espero que por lo menos al próximo juez de Chiquimula lo manden en tanqueta artillada, pues obviamente hay alguien dispuesto a matar para impedir que se dicten sentencias en ese lugar.

Hace dos años, en 2003, el crimen organizado atacó con fusiles AK-47 el auto donde viajaba la jueza Jaqueline España, quien entonces presidía ese mismo tribunal en Chiquimula.

El carro de la juez quedó como auténtico colador: al verlo en el parqueo del Organismo Judicial, costaba creer que la jueza se hubiera salvado de semejante refriega de plomo.

Hace unas semanas, otra jueza, María Eugenia Castellanos Cruz, también se escapó de morir envenenada con cianuro y al denunciar la situación, logró que la trasladaran a otro juzgado.

Lamentablemente, no se tomaron las suficientes medidas de seguridad ante ese doble intento de asesinato y cuando el juez Bautista Orozco decidió no aceptar el guardaespaldas que le ofrecían, le permitieron exponerse.

A la tercera, los criminales no fallaron y mataron al juez, 34 días después de que hubiera aceptado el cargo.

Indigna la alevosía del crimen cometido contra el licenciado Bautista Orozco, pero también da pena la desidia de los magistrados de la Corte Suprema, que hasta ahora se muestran decididos a estirar el pescuezo fuera de sus oficinas para constatar la apremiante realidad de quienes ocupan las judicaturas, especialmente las rurales.

Los jueces que se enfrentan diariamente contra asesinos, narcos y secuestradores, deben conformarse con la protección que puedan recibir de su ángel de la guardia, pero mientras tanto, los magistrados tienen un pequeño ejército a su disposición.

Los 13 magistrados se desplazan en vehículos del Organismo Judicial, que vienen equipados con piloto y dos agentes de seguridad.

Algunos también cuentan con guarda en su residencia y en ocasiones, tanto las esposas como los hijos de los magistrados tienen acceso a carros del Organismo Judicial.

El privilegio de tener un conductor pagado por los contribuyentes también se extiende a algunos funcionarios administrativos de la Corte Suprema, como el gerente general, la subgerente, el secretario de la Presidencia y el subsecretario.

Lo lamentable de estas dádivas es que evidencian la poca claridad en las prioridades de quienes dirigen el Organismo Judicial.

Mientras se regatea la seguridad otorgada a los jueces, los burócratas cuentan con chofer privado.

La necesidad más apremiante de la población de Guatemala es la justicia.

Sin embargo, si a las gravísimas deficiencias de nuestros tribunales agregamos ahora la creciente ola de violencia en contra de los juzgadores, no es de extrañar que los procesos se empantanen y que haya jueces honestos dispuestos a firmar su renuncia antes que caminar como borregos al matadero.

El plan de seguridad anunciado la semana pasada —que incluye la prevención de linchamientos, como el ocurrido en Senahú— seguramente ha sido bienvenido entre los jueces.

Sin embargo, resulta esencial que la Corte Suprema se agencie de los recursos para ponerlo en marcha, lo cual incluye una revisión al actual presupuesto para que quede bien claro que la prioridad de la institución radica en garantizar a los jueces las condiciones mínimas de trabajo, como por ejemplo que sea tan fácil matarlos en la puerta de su casa.

Fuente: www.prensalibre.com


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