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Sacada de la manga
Por Dina Fernández - Guatemala, 21 de noviembre de 2005

La Ley de Desarrollo Social es muy superior a la que acaban de parir los diputados.

No hay modo de que el Congreso dé una. La semana pasada, los diputados dejaron caer una bomba que hizo destrozos en las organizaciones de mujeres y los grupos conservadores por igual.

Esta ley, que los diputados tenían escondidita y no consultaron con nadie, lleva el bien intencionado título de “Acceso universal y equitativo de servicios de planificación familiar”. Pero el decreto está tan mal hecho, que al verlo el cardenal gritó “aborto”, el Opus Dei “vade retro” y las feministas “esterilización masiva”.

Al leer la nueva ley, resulta obvio que los congresistas la redactaron a la carrera y sin la ayuda de expertos en la materia. Uno se pregunta si no la escribieron por aburriditos y la negociaron por pícaros.

La exposición de motivos usa la retórica de los años 50 y el cuerpo de la ley contiene numerosas ambigüedades que se prestan a interpretaciones peligrosas.

Por ejemplo, habla de métodos “tradicionales” y “modernos”, pero no se molesta en definirlos; establece la obligatoriedad del Estado de proporcionar a la población “todos los métodos modernos de espaciamiento de embarazos” como si semejante generalidad fuera una política razonable, práctica y viable; no establece si el servicio va a ser gratuito o cobrado; crea una comisión identificada como CNAA, sin mencionar siquiera el significado de las siglas, y sin percatarse de que la misma contraviene el mandato de varias de las instituciones llamadas a integrarla.

Además de este rosario de fallones, despierta suspicacias que la ley insista a diestra y siniestra en la necesidad de abastecer al Ministerio de Salud y el IGSS con métodos anticonceptivos, como si la prioridad de la misma fuera incrementar jugosamente las ventas de las compañías farmacéuticas, no mejorar la calidad de vida de las personas.

Lo más peligroso de este decreto para quienes consideramos que la planificación familiar sí debe ser un componente prioritario de las políticas de salud pública, es que reanima la confrontación con la Iglesia, especialmente con sus sectores ultra conservadores, y revive un debate resuelto ya en la Ley de Desarrollo Social.

La realidad es que ya tenemos una ley para la salud sexual y reproductiva, y es una ley mucho mejor: en cuya elaboración participaron expertos de alto nivel, que incorpora una auténtica perspectiva de género, que fue consensuada con la sociedad civil y cuya propuesta al Congreso calza la firma de los sacerdotes Mario Molina y Gonzalo de Villa, así como la de representantes de la Alianza Evangélica, las universidades y otras instituciones.

Ahora bien, las leyes por sí solas no pueden resolver los problemas de Guatemala. Lo que debemos promover los ciudadanos responsables es el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Social, para que efectivamente, el sistema de salud pública, apoyado en el Ministerio de Educación, garantice el acceso universal a información científica y completa sobre los métodos de planificación familiar, de tal forma que cada cual pueda tomar la decisión que más le conviene y obtener el método de su elección: desde los collares para llevar la cuenta del ciclo femenino hasta el condón, las inyecciones de tres meses o la píldora.

Lo mejor que puede hacer el presidente Óscar Berger es vetar esta ley mal hecha y redundante, que sólo vendría a enmarañar nuestra legislación, y a la vez, concentrarse en fortalecer las políticas y acciones que ya están contempladas en la Ley de Desarrollo Social y sólo necesitan de apoyo y presupuesto.

El día que el Estado realmente le ponga voluntad, corazón y dinero a los programas que ya están contemplados y trazados, vamos a dejar de escuchar historias de terror, como que al Hospital de Escuintla llegan cada día ocho adolescentes desangrándose luego de que intentaron provocarse un aborto.

Fuente: www.prensalibre.com


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