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Guatemala: vuelven las masacres
Por Diego Jiménez - Guatemala, 27 de septiembre de 2005

Durante el último mes, han muerto 50 jóvenes reclusos en Guatemala, víctimas de acciones metódicamente programadas y con la complicidad de las autoridades carcelarias. Lo que en principio parece un recrudecimiento de la lucha entre bandas juveniles (maras) rivales, presenta una serie de elementos que permiten observar la mano invisible de los poderes ocultos que, a día de hoy, siguen marcando la realidad político social del país.

Hace ahora cinco meses nos preguntábamos si Guatemala estaba dando marcha atrás en su complicado y parcialmente abortado Proceso de Paz y se dirigía de nuevo a la situación de terror y represión extrema que caracterizó los años del denominado conflicto armado interno. Hace cinco meses, veíamos con preocupación cómo los poderes públicos de Guatemala descargaban la violencia estatal y paraestatal, en forma de modernas masacres, contra las comunidades indígenas de Nueva Linda y El Corozo, y contra los activistas contrarios a que el TLC les robase los últimos espacios de vida y de dignidad que les quedaban.

Y sin embargo, hoy, el Gobierno del oligarca Oscar Berger se ve más reforzado que nunca con el apoyo explícito de la oligarquía tradicional, del poder económico transnacionalizado y de amplios sectores del ejército. Hoy, capitaliza el silencio cómplice de medios de comunicación, de ex activistas sociales y de una buena parte de la comunidad internacional.

Y, hoy, también, contesta a la pregunta que nos hacíamos. En Guatemala, efectivamente, han regresado las masacres.

Mientras el feminicidio crece y se amplía (para principios de agosto, ya habían sido asesinadas 365 mujeres en el 2004) y el clima de violencia e inseguridad alcanza cotas inimaginables (Ciudad de Guatemala compite con San Salvador y Medellín entre las ciudades que registran un mayor número de homicidios de toda América Latina), asistimos a la irrupción de un nuevo fenómeno en la realidad guatemalteca: las masacres de presos.

Durante el último mes, han sido asesinados 50 jóvenes en el interior de centros de reclusión del Estado, en su mayoría pertenecientes a la pandilla denominada “Mara 18”. Los verdugos, aparentemente los miembros de la mara rival, la “Salvatrucha”. Sin embargo, dejar el análisis del fenómeno en una guerra entre asociaciones de criminales supone obviar demasiadas aristas, dejar de lado demasiados flecos, hacerse una idea parcial de la realidad.

Los mareros se han constituido en una nueva y extraña clase social en el país y en la región. Estigmatizados por la sociedad desde que nacen en el seno de familias pobres, a las que la miseria del campo ha empujado a la miseria de los suburbios de las ciudades, son el blanco fácil de todas las críticas contra el aumento de la delincuencia, fomentadas por unos poderes públicos y unos medios de comunicación que ejercen diariamente la exclusión clasista, equivocando el diagnóstico previo: no son pobres porque son mareros... Son mareros porque son pobres. Es decir, son víctimas, antes de ser victimarios.

Estos “jóvenes y despiadados diablos”, paradójicamente, son bien recibidos por un poder al cual, siempre le viene bien contar con un chivo expiatorio que fije la vista de la opinión pública lejos de la miseria creciente, la usurpación de los recursos naturales, la firma del TLC y la negativa por parte del Gobierno a aprobar leyes como la de medicamentos genéricos o la dirigida a enfrentar la violencia contra la mujer. Además, la práctica de recurrir a estos grupos juveniles armados para mantener o reforzar el control social de la población es una práctica arraigada entre las autoridades públicas de un país que cuenta con el dudoso honor de haber reinventado la lacra de las patrullas civiles, y que está aún armado hasta los dientes, al amparo de una Constitución que eleva a derecho humano el de portar armas y tras un conflicto que fue más allá de los límites de la razón humana, en cuanto a violencia y represión, dejando tras de sí un arsenal latente. Por otra parte, el “negocio de la delincuencia” y la extensión del terror en la sociedad, reporta increíbles ganancias, no sólo para los circuitos de tráfico de armas, sino también para las 200 compañías de seguridad privada que operan en el país y que cuentan con 35.000 efectivos (más que el ejército nacional y el doble que la Policía Nacional Civil).

Durante las recientes masacres, los agresores ingresaron a los centros públicos de reclusión portando armas largas (fusiles de asalto tipo AK), granadas de mano y pistolas de gran calibre, tradicionalmente reservadas a los militares. ¿Existe alguna duda de que han contado para ello con el apoyo de las propias instituciones carcelarias?, ¿alguna sobre cuáles son los poderes ocultos que están detrás de esta súbita escalada de violencia entre maras y del aumento tangencial de su capacidad de fuego?, ¿son necesarias más pruebas para dibujar la siniestra política del gobierno frente al problema creciente de la delincuencia (que se maten entre ellos)?

Y es que, es cierto, en Centroamérica la vida humana vale poco. Menos si eres joven. Menos si eres pobre. Mucho menos si la miseria te convirtió en marero.

Tomado de www.rojoynegro.info


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