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Los actores atrás de las masacres
Por Diego S. García - Guatemala, 24 de mayo de 2013

En los Acuerdos de Paz, se expresa que una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco reside en el sistema de administración de justicia, que es uno de los servicios públicos esenciales. Este sistema y, dentro de él la marcha de los procesos judiciales, adolecen de fallas y deficiencias.

En otra parte, indica que la reforma y modernización de la administración de justicia deben dirigirse a impedir que ésta genere y encubra un sistema de impunidad y corrupción. Los Acuerdos también indican que el Gobierno se debe comprometer a adoptar varias medidas para superar esas deficiencias.

Uno de los grandes problemas, es el acceso a la justicia que le ha sido negada a los pueblos indígenas; que integran una gran parte de la sociedad guatemalteca, si no la mayoría. Generalmente ellos no logran llegar al sistema de justicia o comparecen ante él en condiciones disminuidas. Esto es algo que sucedió durante el juicio al ex Jefe de Estado de facto, Efraín Ríos Montt, donde la justicia sigue teniendo carácter clasista y racista. En ese sentido los diversos gobiernos a partir de la firma de la paz, no han acatado el mandato de reformar el sistema de justicia, siendo que los Acuerdos son compromisos de Estado.

Después de treinta años, se pudieron escuchar las declaraciones de los pobladores del área ixil, del Quiché, quienes sobrevivieron a las masacres y que se refirieron a la brutalidad de las operaciones lanzadas por el Ejército de Guatemala en sus comunidades, en las cuales murieron de la forma más salvaje sus familiares y amigos. Para ellos, el juicio ha tomado un rumbo que se convierte en una burla al dolor y los sufrimientos experimentados en carne propia.

A pesar de haber acopiado fuerzas de valor y dejar de lado el miedo que representó venir a la capital del país para atestiguar ante un tribunal, los ixiles comparecieron con la esperanza de que las leyes del Estado, les hicieran justicia. Ante la condena a Ríos Montt, no manifestaron ninguna alegría, porque como consecuencia no tuvieron de vuelta a sus seres queridos, sino por el contrario, lo vieron como un acto por medio del cual esas brutalidades no se volverían a producir.

Su calidad moral y dignidad, estuvieron más allá de una mera venganza. Ríos Montt, sus abogados y los veteranos militares, gritaron a los cuatro vientos, a manera de justificación, sobre que se había producido un show político, montado y financiado desde el exterior, tratando de restar importancia a las masacres. Sin embargo cabe la pregunta: ¿y los abusos cometidos por la defensa, quién los sancionará?

Los pobladores ixiles han manifestado su frustración, porque en la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad se deja sin efecto la sentencia y se regresa el juicio hasta el 19 de abril pasado. A pesar de esa resolución, no asumen una posición de venganza como un fin en sí mismo; han manifestado seguir con el proceso y respetar la resolución de la Corte de Constitucionalidad, porque no pierden las esperanzas, ya que ahora sí han sido escuchados por un tribunal. Que sus sufrimientos han conmocionado a la propia sociedad guatemalteca, a la que siempre le ocultaron los hechos, y a la comunidad internacional que fue incrédula sobre lo sucedido durante la guerra, lo cual indica que las maniobras por detener el juicio, son solo eso y que la razón está de su parte.

Es una posición madura, porque han comprendido que el fortalecimiento de la institucionalidad de la justicia, forma parte de un proceso hacia la consolidación de la democracia, a la que sectores conservadores y de derecha sólo recurren en su propio beneficio.

Se debe destacar que en el juicio, tan solo comprende a una pequeña parte de las víctimas de la guerra interna. En Guatemala, hubo 200 mil asesinatos a manos del Estado, eso de ninguna manera se ha abordado por la justicia guatemalteca, es una braza que les quema las manos y en todo caso ni se menciona. Tampoco se ha conocido el paradero de los 45 mil desaparecidos que después de tantos años, sus familiares aún los buscan con la esperanza de darles una sepultura digna.

Las grandes masacres a la población se iniciaron desde 1954 cuando entró la contrarrevolución, mal llamada Liberación, y eliminaron las conquistas de la Revolución de 1944, algo que la derecha desmiente de manera sistemática. El general Arana Osorio gobernó el país bajo Estado de Sitio, y las masacres en el Oriente y la Sierra de las Minas, tiñeron de sangre el Rio Motagua. Y así fue sucesivamente durante décadas, las dictaduras militares recurrieron al terror para poder mantener el control político sobre la población guatemalteca, lo cual expresa una gran debilidad, ante la imposibilidad de gobernar con la aceptación de la sociedad que cuestionaba sus medidas arbitrarias y autoritarias.

¿Quién hará justicia ante semejante política de Estado? Todo parece indicar que para los verdaderos responsables, que estuvieron atrás de las masacres en Guatemala, se hace necesario un borrón y cuenta nueva; para que no haya polarización que perjudique sus negocios y para desligarse de ese incómodo capítulo de la historia de Guatemala, donde los ojos del mundo están puestos sobre ellos

Fuente: www.i-dem.org


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