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Los derechos ciudadanos y el actual gobierno
Por Diego S. García - Guatemala, 4 de julio de 2013

Las fuerzas conservadoras de siempre, se resisten a dar pasos positivos para consolidar la democracia, tratando de regresar a situaciones dentro de las cuales, lograron tener el control político del Estado, y desde donde hicieron sus negocios y amasaron sus fortunas, imponiendo un régimen económico explotador y excluyente. Esa es la historia de Guatemala.

El actual gobierno, por medio de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, adquirió un Software, capaz captar y de acumular información de los ciudadanos en tiempo real, a través del internet, el cual es utilizado cada vez más por la mayoría de la población. También es capaz de rastrear las bases de datos que ya existen, como los registros de las licencias de conducir, los pasaportes, el DPI, las tarjetas de crédito, las cuentas y movimientos bancarios. De tal manera que el registro de cada ciudadano cuente con una información y un historial completo.

Esto ya se lleva a cabo en varios países, y es utilizado por Estados Unidos y otros países europeos, en la lucha contra el terrorismo, contra el crimen organizado y contra otros delitos que pongan en riesgo al Estado. Por cierto, la Ley Patriota, impulsada en EEUU a raíz de los Atentados del 9/11, se ha pasado por encima de los derechos ciudadanos, pero sobre todo, por sobre los derechos civiles, conquistados por el pueblo norteamericano a través de sus justas luchas reivindicativas y ciudadanas.

Según la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 24. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna.

También en el Artículo 35., se establece la libertad de emisión del pensamiento, “Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”. En el mismo Artículo sigue diciendo: “No constituye delito o falta, las publicaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

El Título II sobre Derechos Humanos y el Capítulo I, Derechos Individuales, establece una serie de posibilidades legales que tiene el ciudadano guatemalteco, para desenvolverse dentro de un ambiente democrático, lo cual es un gran avance, porque contiene varias conquistas producto de las luchas sociales del pueblo guatemalteco, que fueron agotando el modelo autoritario y dieron paso al régimen democrático. Después de haber vivido dentro de un régimen dictatorial, donde le fueron negados y violados sus más elementales derechos.

De nuevo, la seguridad nacional es la principal justificación para violar los más elementales derechos ciudadanos. En Guatemala, no existe terrorismo, eso es parte de la Agenda de Seguridad impuesta desde el exterior y en la que existe una gran insistencia en tener esos delitos como las principales amenazas para el país, para hacer de Guatemala, una extensión de la lucha norteamericana contra esas amenazas.

¿Qué propósito tiene invertir en tecnología de punta, para espiar a los guatemaltecos? Según los analistas, tiene dos grandes funciones: la primera es para mantener el control político de la sociedad y el territorio nacional, como en los tiempos de la guerra. La Segunda la lucha contra el terrorismo, lo cual es parte de una agenda de seguridad externa de la Seguridad Nacional, que de paso consolida el régimen militarista en Guatemala, razón por la cual, el actual gobierno se ha ganado muchas críticas al interior del país, pero sobre todo de la comunidad internacional.

Recordemos la Doctrina de Seguridad Nacional, estrategia impulsada por Estados Unidos, para combatir la “amenaza externa” en el Continente Americano, que establecía la necesidad de la sobrevivencia del Estado, y al identificar al enemigo a destruir, lo ubicaba dentro de la propia sociedad.

Planteaba que la subversión era provocada y patrocinada desde el exterior, que era necesario combatir a ese enemigo externo; pero donde los éxitos podrían tener mayor contundencia era lográndolos en el ámbito local, dentro de cada uno de los países.

Fue así que esa estrategia planteó la tesis del “enemigo interno”, desde donde se creaba, desarrollaba y se nutría la subversión: la propia sociedad. Con esa lógica, las fuerzas de seguridad, estuvieron diseñadas para la represión, para enfrentar ese enemigo. La estructura contrainsurgente de las Fuerzas Armadas, respondió a esa estrategia y la ocupación del territorio nacional tenía como propósito enfrentar al enemigo interno en cualquier escenario.

Esta situación no conoció límites, dado que el enemigo interno se encontraba a lo largo y ancho de la geografía nacional: en sus casas, en el campo, en las ciudades, dentro del movimiento social, sindical y profesional. Este enemigo no tenía un parámetro de edad; podrían ser hombres y mujeres; pero también niños, adolescentes, ancianos y todo aquel que por sospechas y por pensar diferente al régimen, entraba en la categoría de enemigo del sistema político, por lo tanto debía ser reprimido.

La situación se complementó con la capacitación que generaciones de oficiales del Ejército, tuvieron durante más de tres décadas que duró el conflicto armado, con lo cual no solo se capacitaron técnicamente, sino desarrollaron toda una cultura autoritaria, anticomunista y represiva, lo cual fueron trasladando a varios sectores de la sociedad, la cual fue base de las concepciones de derecha. Todo ese aparato contrainsurgente no fue desmontado con la Firma de la Paz, por el contrario, tiene muchas manifestaciones que se enraizaron y en la actualidad tiene muchos exponentes.

La propia cooperación internacional ha sufrido esa situación, porque la derecha ha hecho una división; entre los cooperantes para la consolidación de la democracia y los cooperantes que insisten en mantener las estructuras autoritarias. Las primeras son objeto de fuertes críticas, descalificación y ser promotores de la conflictividad social, de manipular el descontento popular, de la polarización; pero las segundas son bienvenidas porque consolidan a los grupos antidemocráticos y estimulan las políticas represivas del Estado. Eso no es considerado injerencia en los asuntos internos, porque son “impulsores del desarrollo”.

Según parece, El Sistema Nacional de Seguridad no ha podido determinar cuáles son las amenazas reales y potenciales para el país y se ha recurrido, una vez más, a establecer una Agenda de Riesgos y Amenazas como la del conflicto armado, donde de nuevo el enemigo interno resulta ser lay el ciudadano. Nadie está en contra de fortalecer la inteligencia para la toma de decisiones en la lucha contra los flagelos que afectan a la sociedad guatemalteca.

Nadie está en contra de prevenir los riesgos según el grado de vulnerabilidad para la sociedad; pero nadie está de acuerdo, ni dispuesto a ser considerado enemigo del Estado, por lo tanto, perseguido y reprimido por sus ideas, sus críticas, y por aspirar a construir una sociedad democrática.

Fuente: www.i-dem.org


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