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De vocación dictador
Por Diego S. García - Guatemala, 11 de julio de 2013

La decisión del presidente Otto Pérez Molina, al ordenar a sus ministros no asistir a las citaciones del Congreso, es un duro golpe a la incipiente democracia de Guatemala, pero también plantea el poder absoluto que pretende poseer el mandatario, ubicándose por encima de la ley. El principal argumento de Pérez Molina es que esas citaciones son “una pérdida de tiempo”. Con ello descalifica de un plumazo la independencia de poderes del Estado, pasando por alto a la propia Constitución, así como los necesarios Controles Democráticos internos, establecidos para fiscalizar el desempeño de los funcionarios públicos.

Esas declaraciones polarizaron, de nuevo, la relación ya de por si tensa entre el Ejecutivo y el Legislativo y las opiniones y posiciones de los diputados de oposición no se han hecho esperar. Además de interpretar la orden del presidente como un Golpe de Estado técnico, asumen la posición de interpelar a los ministros que se nieguen a asistir a las citaciones.

Indignados, los diputados ya han encaminado acciones legales en contra de la medida presidencial, como la de presentar un amparo para que la Corte de Constitucionalidad obligue al mandatario a retractarse, y una denuncia penal ante el Ministerio Público por violación a la Constitución, sedición e instigación a delinquir.

Por supuesto que al realizar las citaciones, los requerimientos de las bancadas caen en saco roto, porque las excusas, explicaciones y justificaciones de los ministros no satisfacen a nadie; aunque tampoco son satisfactorios los resultados de las kilométricas interpelaciones, que hoy son utilizadas según el modelo impuesto por el propio Partido Patriota; para estancar y sabotear el plan del gobierno oficial.

Con tan desafortunada orden el presidente destapó una olla de grillos y también demostró que la negociación, el diálogo y el consenso, no están registrados en su lógica militarista, en un momento político que debe apelar al Congreso para desbloquear la agenda legislativa. También debe empezar a cubrir el enorme agujero fiscal para cubrir cuantiosas asignaciones del gasto aprobada para el Presupuesto general de la Nación; así como cubrir sus prioridades en la aprobación de los préstamos por más de 430 millones de Dólares. A esto se suma la necesidad de cabildear por la aprobación de bonos por otros Q3500 millones.

Con esas “ordenes”, por demás autoritarias, el presidente da la impresión de querer tratar de reeditar una antigua y afortunadamente abandonada práctica política, cuando el Presidente de la República, concentraba el tentador poder absoluto.
Guatemala tiene una vasta historia en esa forma de gobernar al estilo de los reyezuelos. En ese sentido, el principal problema que el mandatario guatemalteco enfrenta, es el mismo paso de los tiempos, una situación política distinta; en que luego del fin del enfrentamiento armado la democracia ha significado, entre otras cosas, la erradicación de las prácticas del terrorismo de Estado, sustituirlas por un Estado de derecho y fortalecimiento del poder civil, lo cual debiera incluir la consolidación de todas las instituciones estatales dentro del proyecto democrático de nación.

Causa sospechas que haya tomado la decisión de ordenar a sus ministros no asistir a las citaciones del Congreso, ya sea porque sea un desplante fuera de lugar o, peor, porque se presta a afinar y consolidar el instrumento desde el cual se podría apoyar para hacer valer esas decisiones: el Ejército. Ya sabemos, por todas las desgracias que el país vivió con el autoritarismo militar, que esas decisiones podrían ser más drásticas, y se podrían encaminar en contra de los otros poderes del Estado y contra la población. ¿Será en ese marco que se han producido los hechos en varios lugares del país, como en Totonicapán, Jalapa, Santa Rosa, Huehuetenango y otros lugares.

Para empezar, de 15 500 efectivos que tenía la institución armada cuando Pérez Molina asumió la presidencia, ahora cuenta con 23 500, lo que indica que sumó ocho mil efectivos en tan sólo año y medio de gobierno. También se aumentó el presupuesto de la Defensa en Q380 millones más, en tan sólo los primeros 12 meses de gestión. Al instituto de Previsión Militar le fueron asignados Q58 millones más en su presupuesto y la Institución ha recibido por concepto de donaciones de bienes del Estado, propiedades por valor de Q116 millones.

Se incluye en estos datos la militarización de las instituciones del Estado. Para empezar, colocando personal de inteligencia en los principales cargos de la administración pública, así como el personal laboral asignado. Con esto, además de truncar las carreras profesionales de los burócratas, se les sustituye por personal que recibirá órdenes que cumplirá sin discusión. Pero el mayor resultado que se quiere lograr es el control de la sociedad por medio del aparato estatal, subordinado al Alto Mando Militar.

En las decisiones y órdenes del mandatario, se percibe que desconoce las instituciones y poderes del Estado, aunque también podría estar acariciando la idea de imponer un nuevo modelo de dictadura, donde la figura del caudillo utilizada en el pasado por las dictaduras oligárquicas; mezclada con la del líder militar, supuesto héroe de mil batalla, que contaría con el apoyo de los poderes económicos emergentes, para intentar dominar por medio del terror. Éste ha sido históricamente un ingrediente fundamental de ese tipo de dominación política.

Sin llegar a ser fatalista en el análisis, la lógica del gobierno autoritario sería seguir planteando la celebración de elecciones, pero teniendo el control de los resultados; darle continuidad a su proyecto militarista, pero asumiendo nacional e internacionalmente la farsa del juego “democrático”. ¿Cuánto puede durar una aventura de tal naturaleza?, eso solo lo puede decidir la sociedad, si firmemente no acepta ni permite semejante abuso; ¿hasta dónde estaría dispuesta a tolerar y ser gobernada por tal dictadura en pleno siglo XXI?

Fuente: www.i-dem.org


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