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Crisis del sistema financiero en Guatemala
Por Enrique Álvarez - Guatemala, 3 de febrero de 2007
ealvarez@i-dem.org

La grave crisis en que ha sido colocado el sistema financiero de Guatemala, es la oportunidad más propicia para hacer una reforma a fondo del mismo.

El origen fue la dudosa intervención del Banco del Café, que ha demostrado que los cálculos de las autoridades de la banca central, si es que los hicieron, se salieron de control.

Para muchos es compartido que la figura del Superintendente de Bancos es la que más daño ha resultado produciéndole al sistema. Su actitud ha sido errática, sus declaraciones han lucido improvisadas y en algunas rayando en la irresponsabilidad.

Está claro que la principal debilidad de los mecanismos de control que debiera ejercer la banca central (léase Superintendencia de Bancos y Banco de Guatemala), parte de su falta de autonomía, en términos reales, ya que quienes la han dirigido siempre, han sido empleados de los bancos privados y al dejar su puesto retornan a ellos; así ha sido en la historia del país y seguramente así seguirá siendo, a menos que se realice una transformación de la ley y de la institucionalidad financiera del Estado.

Si el asunto se hubiera limitado a la "captura" de BANCAFÉ el problema hubiera sido bastante más sencillo. Pero lo que ha sucedido luego de la solicitud de cese de operaciones de los dueños del Banco de Comercio y el "destape" de su situación financiera han demostrado la grave deficiencia con la que Superintendencia de Bancos ha funcionado.

Es verdaderamente dramático el hecho que el Superintendente haya declarado públicamente que no se conocía la existencia ni las cuantiosas operaciones financieras que la Operadora de Comercio Sociedad Anónima realizaba, a pesar de estar inscrita en el Registro Público, y haber sido inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías, del Ministerio de Economía, y que por lo tanto sus operaciones estuvieron autorizadas por la ley.

Resulta inverosímil que el Superintendente de Bancos haya declarado a la prensa que desconocía las transferencias de millones de dólares hacia Panamá, que eran recogidos en todas las agencias del Banco de Comercio, a partir del contrato legal que suscribió con Organizadora de Comercio, en los que se emitieron certificados de custodia de valores legales, con el membrete del banco y la firma del jefe de agencia respectiva.

¿Cómo es posible que la Superintendencia actúe con tanta irresponsabilidad? Todos sabemos de los mecanismos existentes para limitar las posibilidades del trasiego de dinero para blanquearlo o lavarlo, como comúnmente se dice. Entonces si el organismo que el Estado cuenta para controlar el buen funcionamiento del sistema bancario no puede tener esa información ¿qué sabe? o ¿para qué sirve?

Es absolutamente inaceptable que la Superintendencia de Bancos salga diciendo que no tiene ninguna responsabilidad por los fondos que fueron depositados por miles de personas en el Banco, e invertidos por Organizadora de Comercio. El Superintendente no puede jugar con el futuro de esa gente; las y los depositantes del país no tienen la obligación de ser expertos en finanzas, y el funcionamiento de los bancos es técnicamente complejo; pero el Estado sí tiene la obligación de tutelar los derechos de las y los inversionistas; eso está claramente recogido en la Constitución de la República, responsabilidad que comparten la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos.

El artículo 39 de la Constitución garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana, o ¿debemos entender que esa propiedad privada que garantiza la ley se refiere solamente a los poderosos y no a los pequeños y medianos inversionistas?

El hecho que los diputados al Congreso de la República hayan tomado parte activa en este desaguisado, es el único hecho positivo que podría sacarse, pero solamente si los desatinos de la banca central provocan una reforma legal e institucional de mucho fondo.

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Época - Número 1134 - 020207


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