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Estado cómplice
Por Evelyn Blanck - Guatemala, 12 de noviembre de2004

Aunque uno podría esperar mayor contundencia en las recomendaciones del Congreso en cuanto a la Fiscalía por la actuación de ésta en el caso de la finca Nueva Linda, el informe que emitió la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo al respecto tiene una gran virtud: la de revelar detalles sobre ese caso que de otra manera no habían sido tan públicos.

Deberían ser motivo de vergüenza para la Fiscalía las sindicaciones que se han hecho contra personeros en el caso: uno de éstos, incluso, ha sido señalado por participar como mensajero de la parte patronal y trasladar a la esposa del señor Héctor Reyes el ofrecimiento de dinero a cambio de que desistiera de la demanda judicial contra los señalados por la desaparición, hace más de un año, de su esposo. Así como se escucha.

Como se recordará, en su oportunidad los ocupantes de la finca informaron al público que realizaban dicha acción en demanda de que se investigara la desaparición de Reyes, quien había gestionado con éxito un proyecto habitacional para muchos de ellos.

Pero aparte de esta denuncia que, de ser cierto el hecho denunciado, debería ser ejemplarmente sancionado, quizá resulta tan doloso el hecho de que la fiscalía de Retalhuleu no atendió las solicitudes iniciales de la Policía de, por lo menos, localizar y secuestrar el vehículo en donde por última vez sus familiares vieron a Reyes, el cual, según el reporte policíaco, fue ocultado en una de las residencias del propietario de Nueva Linda.

Según el informe del Congreso, la Fiscalía tampoco investigó las amenazas de muerte contra la esposa y otros familiares de Reyes, que fueron denunciadas. Tampoco lo informado por la cónyuge de Reyes, en cuanto a que el dueño de la finca vecina a Nueva Linda le aseguró que su esposo estaba con vida. Ninguna diligencia se hizo para averiguar por qué este señor hizo dichas afirmaciones.

La Fiscalía se hizo además de ojos ciegos ante la denuncia de que el fiscal de Retalhuleu medió en el ofrecimiento de dinero que se hizo a la esposa de Reyes para que desistiera de la denuncia contra el dueño de Nueva Linda. No investigó las denuncias de cobros, con la promesa de venta de los terrenos ocupados, que hicieron a varias personas contra quienes se presentaron como los líderes de la ocupación, o las de que dichos líderes vendían madera extraída de la propiedad y carne de las reses de Nueva Linda. Finalmente, la Fiscalía de Coatepeque, que urgió al desalojo, no tuvo el mismo cuidado de resguardar la escena del crimen. Se barrió con toda la evidencia.

El informe del Congreso concluye que: "Las deficiencias del Ministerio Público en estos hechos van más allá de falta de capacidad, pues es evidente la falta de voluntad, ya que la Policía realizó investigaciones iniciales efectivas y el mismo Fiscal General ha señalado una serie de diligencias que debieron realizarse. Asimismo, cuando la Fiscalía fue testigo de actos delictivos como los ocurridos el 2 de abril y el 31 de agosto de 2004 actuó con negligencia y desinterés".

Sin embargo, ante la gravedad de lo expuesto, en el informe se recomienda al Fiscal General que investigue las actuaciones de las fiscalías de Retalhuleu y Coatepeque para determinar las sanciones pertinentes y que dé seguimiento a las investigaciones en el caso de Reyes.

Suena a tibieza total, a aguacatería, cuando queda claro que la Fiscalía más que incumplir su misión obstaculizó el camino de la justicia y es, por tanto, una de las mayores cómplices de las muertes y otras graves violaciones ocurridas en Nueva Linda. Uno de los mandatos del Congreso es fiscalizar actuaciones estatales, para proponer o adoptar acciones efectivas, no para que todo quede igual.

Tomado de www.sigloxxi.com


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