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Silencio cómplice
Por Evelyn Blanck - Guatemala, 2 de abril de 2005

El pasado 27 de marzo, el periodista Luis Echeverría publicó en la edición digital de la Revista D (Prensa Libre) el angustioso relato de cómo fue agredido por la Policía el lunes 14 de marzo, día en que la capital se convirtió en el mayor escenario de la violenta jornada de protestas por la ratificación del TLC.

Escribe el colega: "En la plaza se celebra un mitin pacífico que también es disperso por la policía. (...) De pronto quedamos en medio, otro compañero y yo nos replegamos contra la persiana de un negocio. Logro ver a un agente disparar su arma contra nosotros. No me cabe la menor duda de que ha sido una agresión directa, pero ¿por qué? acaso el oficial no me ve con la cámara de fotos, no me parece que me haya confundido con algún manifestante. (...) La bomba de gas lacrimógeno me golpeó la cara. (...) Pensé lo peor mientras el gas entraba en mis pulmones (...) mientras, a mi alrededor, todo era oscuridad y voces solidarias. Cuando logré abrir los ojos con esfuerzo, vi mi reflejo en el espejo de la ambulancia. Todo está bien. Esta vez he corrido con suerte".

El mismo día, otro colega, Edwin Benavente, de Nuestro Diario, fue pateado y vapuleado por agentes policíacos que lo agredieron después de percatarse de que había tomado fotografías de la salvaje golpiza que le propinaban a un manifestante, a dos cuadras del Palacio Nacional. De nada sirvieron sus gritos identificándose como periodista y mostrando su gafete de prensa. La intención de los policías era arrebatarle la cámara y el material grabado. No lo consiguieron, gracias a la intervención de otros reporteros y a que Benavente logró escabullirse.

Es la tercera vez en tiempos recientes que Benavente es agredido por policías. Tanto él como otros periodistas que recibieron impactos de balas de caucho el 14, vestían chalecos que los identificaban como miembros de la prensa.

Esas escenas hicieron recordar la agresión brutal que agentes policíacos propinaron a varios periodistas, durante el desalojo de la finca Nueva Linda. Lo preocupante de estos casos, es que revelan por lo menos dos conductas instituidas dentro de la Policía, que sus superiores no han mostrado voluntad de corregir: una, que se puede agredir a los periodistas, porque son molestos. Dos, que se debe recoger, a como dé lugar, cualquier material recolectado por un periodista que muestre cualquier violación a los derechos humanos cometida por un "agente de la ley y el orden", a la vez que se enseña a los periodistas, a golpes, a no meterse con la Policía.

Como escribió Echeverría, esta vez corrió con suerte. Mis temores son que algún día la fortuna no sonría a alguno de los colegas.

Son varios los problemas que han originado la institucionalización de estas conductas delictivas dentro de la Policía y la impunidad que las rodea, entre éstas, que los periodistas no denuncian las agresiones o no dan seguimiento a las denuncias; la inoperancia de la Fiscalía de Delitos contra los Periodistas, así como la falta de voluntad de las autoridades de Gobernación, y del Estado en general, de poner un alto a estas actuaciones ilegales.

Pero sobre todo, el desinterés de los empresarios, directores y editores de los medios, quienes muchas veces se tornan en cómplices de las actuaciones de los funcionarios estatales, pues aun con su poder e influencia, no exigen un alto a estas agresiones ni inician procesos legales contra los agresores.

Asquea constatar repetidas veces, que en Guatemala el Estado es uno de los primeros violadores de los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos, tanto como el silencio cómplice que mantienen las empresas de medios, sobre los delitos cometidos por la Policía contra los miembros de sus redacciones.

Fuente: www.sigloxxi.com


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