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Hablando de concesiones
Por Edgar Balsells - Guatemala, 14 de mayo de 2005

Lástima grande, el término del período no logró concretizar la operación

Corría el año 1995 y Don Ramiro De León Carpio no estaba contento con las cosas que estaban ocurriendo en Fegua. El interventor de la estatal ferrocarrilera estaba celebrando negocios bajo una figura jurídica del derecho privado denominada: Usufructo Oneroso, la cual en años posteriores se utilizó hasta la saciedad para privatizar bienes públicos, y que hoy adquiere dimensiones macroeconómicas en el proyecto de concesiones presentado al Congreso. El usufructo oneroso permite efectuar contratos relativamente sencillos entre particulares, siendo que en el plano de las partes privadas, ambas tratan de jalar agua para su molino, estableciéndose al final un equilibrio de “ganar- ganar”. Y si ello no se logra, sencillamente se retiran de la mesa y siguen la vida como si nada. Pero cuando se trata de bienes del Estado suelen privar incentivos perversos en detrimento del bienestar colectivo, y ello está amplísimamente demostrado en la América Latina de las últimas décadas.

Fegua, con el amparo del Ministerio de Finanzas había concesionado los muelles de Puerto Barrios a la Chiquita Banana, celebraba contratos diversos con empresas industriales, sin mayor vigilancia que la de los asesores del interventor, e incluso regalaba lotes y terrenos a diestra y siniestra con la motivación política que suele privar por los dominios del sector público. En pocas palabras, Fegua se depredaba a sí misma, lentamente.

Don Ramiro, con el apoyo decidido de la influyente ex ministra Ana de Molina, llevó a cabo una propuesta diseñada al amparo de la Ley de Compras y Licitaciones del Estado, que con todas sus limitaciones para una operación de su tipo, permitía que el Estado saliera bien librado, y con dignidad, de una necesaria operación de alianza contractual con operadores privados de ferrocarriles.

Gracias al olfato político y jurídico del licenciado De León Carpio, muchas propuestas entreguistas que llegaban a su despacho fueron desechadas, y así pudimos terminar únicamente la concesión de la ferrovía y los terrenos directamente vinculados con la operación ferroviaria, reservándonos para otras operaciones la gran cantidad de tierras y bienes raíces que son todavía propiedad de Fegua y que son parte de la herencia entreguista de diversos gobiernos, empezando por el mal recordado “Señor Presidente”, Estrada Cabrera.

Lástima grande, el término del período no logró concretizar la operación que estaría acompañada por un ojo regulador importante por parte del Estado, exigiéndole a la empresa ganadora un pago justo en función de las operaciones manejadas, y permitiendo establecer otras operaciones de bienes raíces con la gran cantidad de propiedades de Fegua.

Luego, se le dio total caravuelta a la operación y se legalizó un gigantesco usufructo oneroso, en torno al cual soy franco en desconocer sus resultados cuantitativos en estos momentos debido a que la corta memoria guatemalteca ha olvidado que una vez existió Fegua, lo cual allanó el camino para que la compañía que debiera estar contratada para mover trenes realizara toda clase de negocios privados con la inmensa cantidad de tierras y bienes de la empresa que en una época fue una de las más importantes de su tiempo.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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