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A propósito del “affaire” Fegua
Por Édgar Balsells - Guatemala,14 de julio de 2007

Lo que sucede cuando el Estado no cumple con su papel.

Una llamada de los colaboradores de Juan Luis Font y Beatriz Colmenares en su escuchado programa de la mañana me permitió actuar de bateador emergente en un programa dedicado al complejo diferendo entre la empresa Ferrovías, versión guatemalteca de RDC Company de Estados Unidos, y Fegua. Y digo “bateador emergente” en virtud de que el actor esperado en el programa era la contraparte gubernamental, que se está preparando para actuar en el primer proceso de arbitraje internacional empujado por RDC, como parte de las nuevas relaciones comerciales que se tienen con los EE.UU. a propósito del Tratado de Libre Comercio con el país del norte.

Las cosas que se comentaron en el programa, al aire y dentro del cuarto, me hacen reflexionar nuevamente en los entuertos que se suceden, uno tras otro, en estos irredentos países tropicales, cuando el Estado y la institucionalidad no cumplen con su papel ordenador y regulador, debiéndose acudir a terceros en discordia, “arbitrajes internacionales”, oidores, testigos de honor y altos comisionados, en los temas más variados que van desde los diferendos comerciales hasta los potenciales conflictos en el campo de los derechos humanos. Pareciera ser que todas esas décadas de férreas y despóticas dictaduras militares y de endebles Gobiernos civiles nos han dejado inermes, carentes de imaginación y débiles ante los embates comerciales, sociales, políticos y culturales de nuestro tiempo.

En tiempos de Ramiro De León Carpio, un pequeño grupo de profesionales, el cual recibió un contundente apoyo político del organismo ejecutivo, dialogó con el Banco Mundial, se insertó en el Plan Maestro de Transporte de ese tiempo, conformó una comisión de alto nivel para el tema de Fegua y finalmente preparó una concesión ferroviaria utilizando el único instrumento jurídico propicio para el efecto: la ley de compras y contrataciones del Estado. Y es que no hay otro instrumento, pero se acudió a la argucia de la “guizachada”, que se ha usado en el medio cuando se quieren ir depredando los escasos activos del patrimonio público, tal es el uso del denominado Usufructo Oneroso, que está muy bien para pequeños negocios privados o arrendamientos sin importancia, pero gravísimo para una concesión como la indicada, que hoy nos tiene en ese lío que más parece un pleito de mercaderes por el piso de plaza que un tema que tenga que ver con la pretendida “modernización de la infraestructura del país”.

En el tema de Fegua tienen responsabilidad un amplio abanico de entes estatales: el Congreso, la Procuraduría General de la Nación, los tribunales del país, el Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, la propia Fegua y diversos entes de alto nivel del Gobierno Central. El caso debe explicarse bien al respetable público, pues se trata de una concesión de 50 años a una compañía extranjera que no ha cumplido con lo ofrecido, y que reclama una serie de apoyos y subsidios ofrecidos por el Estado, a juicio de sus representantes.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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