Revista electrónica de discusión y propuesta social 
Revista · Documentos · Archivo · Blog   Año 4 - 2007

::::albedrío::::

Revista
Editorial
Artículos
Entrevistas
Noticias

linea

Redacción

linea

Enlaces

linea

SiteMap
Contacto


Otros documentos de consulta

De orden internacional
De carácter oficial
Comunicados

Derechos de los Pueblos Indígenas
Por Efrén Diego Domingo - Guatemala, 16 de febrero de 2007
cedapjusticia@hotmail.com

 “Las explicaciones de situaciones jurídicas deben ser difundidas sin que el autor las tome en serio. La importancia del hecho no radica necesariamente en la seriedad con que se trata. La divulgación amena y clara de lo que se analiza, ameniza y clarifica la comprensión de la lectura. La amenidad y la ironía son formas de poner en circulación el conocimiento jurídico basadas en el buen humor razonado ”.

Jorge A. Gonzáles Galván

1. El Convenio 169 de la OIT y los Pueblos Autóctonos

 El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independiente es, sin duda alguna, el instrumento de derecho internacional más conocido, citado y, sobre todo, enarbolado como bandera de lucha por millones de indígenas de todo el mundo e invocado como el referente jurídico por excelencia para lograr reivindicaciones y cambios en la legislación de los países o en otros instrumentos normativos internacionales. Su naturaleza vinculante deviene del hecho de que se trata de una convención, convenio o tratado, entendiéndose por tal “un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”, de acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados [1].

Este instrumento internacional de derechos humanos tiene, según Magdalena Gómez, como principios básicos:

a) El respeto a las culturas, formas de vida y de organizaciones e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas y tribales;

b) La participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les afectan;

c) El establecimiento de mecanismos adecuados y procedimientos para dar cumplimiento al Convenio de acuerdo a las condiciones de cada país. [2]

La Guía para la Aplicación del Convenio núm. 169 de la OIT dice que el Convenio se divide en tres secciones principales y cada una de ellas tiene varias partes. La primera sección se aboca a la política general que los gobiernos deben seguir en sus relaciones con los pueblos indígenas y tribales. La segunda sección trata varios temas sustantivos en una forma mucho más específica. Y la sección final trata de asuntos generales y administrativos, aunque aspectos de orden administrativo también pueden encontrarse en las demás secciones del Convenio.

2. Aprobación y ratificación del Convenio 169 de la OIT en Guatemala

Previo a su aprobación en nuestro país, el Congreso de la República solicitó a la Corte de Constitucionalidad Opinión Consultiva sobre el Convenio 169. Esta opinión fue emitida el 18 de mayo y pronunciada en audiencia pública el 25 del mismo mes del año 1995, a través del expediente 199-95, en el cual, el máximo Tribunal Constitucional opinó: “E l contenido de las normas del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, no contradice la Constitución Política de la Republica. [3]

Posterior a esta opinión, el Congreso de la República aprobó el Convenio 169, mediante Decreto Número 9-96 el 5 de marzo de 1996. Está vigente en nuestro país a partir de 1997.

Desde que Guatemala ratifica un Tratado o Convención internacional de Derechos Humanos, se impone el deber de cumplir las obligaciones que asume. Dice Magdalena Gómez: “Un efecto inmediato de la ratificación, por ejemplo, el Convenio 169, es que los Estados Miembros se comprometen a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Convenio”.

Para Gonzáles Galván, “el Estado en ejercicio de su soberanía se obliga a aplicar cada una de las disposiciones contenidas en el Convenio” [4]La Constitución de OIT en su artículo 35.1 establece: “ Los Miembros se obligan a aplicar los Convenios que hayan ratificado”.

Para los efectos del derecho internacional y según la misma Constitución de la OIT, la ratificación del Convenio constituye (…) una obligación para que el Estado cumpla sin reserva con todas las disposiciones del Convenio; y es la obligación del gobierno, en representación del Estado, asegurar que en el orden jurídico interno no haya leyes o prácticas que estén en contra o disconformidad con el Convenio y esto incluye hasta la misma Constitución. La ratificación tiene el o los efectos previstos en el marco del derecho internacional en el cual se hace; en este caso, en el marco de la Constitución de la OIT libremente asumida por el gobierno de Guatemala y según la cual una ratificación se hace sin reservas y equivale a un compromiso por parte del Estado, a través de su gobierno, de aplicar de buena fe todas las disposiciones del documento ratificado [5].

Hay además en el Derecho Internacional una norma que ordena a los Estados a respetar los tratados celebrados por ellos: LA NORMA PACTA SUNT SERVANDA. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados también establece el principio de que el derecho internacional tiene supremacía sobre el derecho interno. En el artículo 26 de esta Convención dice que " Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe y el 27 dispone: Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado [6]. Estas disposiciones del derecho internacional obligan a Guatemala por se parte de la Convención de Viena.

Respecto a los tratados de derechos humanos, dice el artículo 46 de la Constitución Política: Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.

Esto significa, que la Constitución guatemalteca reconoce de manera expresa que determinados tratados, en particular los referentes a derechos humanos, tienen un rango superior tanto al de las leyes, como al de la propia Constitución Política.

El Convenio 169 es una ley vigente y se encuentra por encima de la Constitución Política, por la materia que tutela, su aplicabilidad depende de una voluntad política profunda de los que ostentan el poder y los beneficiarios que en este caso lo constituyen los pueblos indígenas [7].

 En otras palabras, dice Loretta Ortiz, esta fórmula genérica de preeminencia de los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre el derecho interno, podría dar lugar a dudas, sobre si dicha supremacía se presenta incluso en el caso de la Constitución. Sin embargo, dicha duda puede aclararse al conocerse, como los señala Carlos Ayala, el origen de la disposición, ya que dicho origen estuvo vinculado con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos OC-383 del 8 de septiembre de 1983 en la cual, la Corte estableció, que un país no puede, aunque su Constitución se lo permita (como era el caso de Guatemala), aplicar la pena de muerte a delitos par los cuales no estaba contemplada anteriormente en su legislación interna. [8]

 3. Un Convenio compromete al Estado de Guatemala interna e internacionalmente

 El Instituto Interamericano de Derechos Humanos dice que los Pactos, Convenciones y Convenios sí tiene el carácter de vinculante (exigible) para los países que lo ratifican. Son como contratos abiertos. Si lo aceptan están obligados a cumplirlos.

La ratificación de un Convenio convierte al tratado internacional en ley interna del país que ratifica. Pero mientras que una ley interna compromete al Estado solo internamente, un Convenio ratificado compromete al Estado internamente y también externamente, de manera que puede recibir presiones internacionales para obligarle a cumplir. El gobierno y todas las autoridades, de arriba abajo, deben:

a) Cumplir con los Convenio y Pactos.

b) Hacerlos cumplir a todas las autoridades.

c) Disponer medidas legales administrativas para desarrollar las normas de los Convenios y Pactos.

d) Modificar las normas que se opongan a los Convenios y Pactos ratificados (incluida la Constitución).

e) No dictar disposiciones legales o administrativas que signifiquen un retroceso o un desconocimiento de lo dispuesto por los Convenio y Pactos.

f) Considerar las normas de los Convenios y Pactos cada vez que se dispongan medidas legales o administrativas que puedan afectar, directa o indirectamente, a los pueblos y comunidades indígenas, controlando que no se contradiga con esos Tratados Internacionales vinculantes.

g) Interpretar la Constitución de acuerdo con los Convenios y Pactos especializados.

h) Difundir el Convenio para que se conocido por los interesados, por las autoridades y por los jueces.

i) Responder ante los demás gobiernos por el mal cumplimiento o incumplimiento del Convenio. [9]

Los gobiernos en todas las medidas legislativas o administrativas que adopten en relación a pueblos indígenas, debe de observar y sujetarse a las disposiciones del Convenio 169, pues este tratado de derechos humanos es autoejecutiva.

Dice l a Corte Interamericana de Derechos Humanos “Al aprobar estos tratados sobre Derechos Humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción [10].

Para que este instrumento procesal de la OIT sea cumplida por el gobierno de Guatemala, es necesario que los pueblos indígenas se apropien de su contenido y con ello iniciar, de manera organizada, una verdadera lucha legal y política.


[1]Los pueblos indígenas de México 100 preguntas. No. 79 ¿Qué es el Convenio 169 de la OIT? www.nacionmulticultural.unam.mx.

[2] Magdalena Gómez: Derechos Indígenas. Lectura comentada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Pág. 48. Instituto Nacional Indigenista, México, marzo de 1995.

[3] Opinión Consultiva relativa al Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y Convenio No. 169 (OIT) expediente 199-95, emitida el 18 de mayo de 1995.

[4] Gonzáles Galván, Jorge Alberto: El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y las Obligaciones de México por su Ratificación. Revista Jurídica. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. No. 96.www.juridicas.unam.mx.

[5] Chambers, Ian: El Convenio 169 de la OIT: avances y perspectivas. Pág. 129. Derecho Indígena. Coordinadora, Magdalena Gómez. Instituto Nacional Indigenista, México 1997.

[6] Artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados. U.N. Doc A/CONF.32/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, entered into force January 27, 1980 . Viena, 23 de mayo de 1969.

[7]Doctor Julio Eduardo Arango Escobar. Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989). Editora Educativa, 2001.

[8]Loretta Ortiz Ahlf. Integración de las Normas Internacionales de Derechos Humanos en los Ordenamientos Estatales de los Países de Iberoamérica. Revista Jurídica. Anuario Mexicano de Derecho Internacional Vol. III. www.juridicas.unam.mx.

[9]Reconocimiento Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Instituto Interamericano de Derechos Humanos-IIDH-

[10]Vázquez Smerilli, Gabriela Judith: Manual de Derechos Humanos. Pág., 2. 1ra Edición, diciembre 2000. Ediciones Instituto.

 



*Efren Diego Domingo cursó primaria y secundaria en México, estudió bachillerato en ciencias y letras en Guatemala y ha estudiado hasta el cuarto semestre de las ciencias jurídicas y sociales en la UMG. Ha impartido diversos cursos sobre derechos humanos, resolución de conflictos, justicia penal y derechos de los pueblos indígenas y es columnista de la revista Albedrio.org.

www.albedrio.org


Copyright © El credito de las contribuciones es única y exclusivamente de los autores. El contenido de las contribuciones no representan necesariamente la opinión de la revista; los autores son responsables directos del mismo.