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Presencia militar en la comunidad de Pueblo Nuevo Ixcán, viola derechos de los pueblos indígenas
Por Efrén Diego Domingo - Guatemala, 9 de julio de 2016
ediegoixcan@hotmail.com

1. Hechos

El día 28 de junio, el ejército de la zona militar de Playa Grande Ixcán, incursionó armada en la comunidad indígena de Pueblo de Nuevo, dirigiéndose a las instalaciones de la escuela primaria y ocupando las aulas en días de clases. Se pusieron a verificar el área de la escuela, en compañía del Consejo de padres de familia de la escuela primaria. La presencia militar, generó dudas, temores y tensiones entre los padres de familia. Ante esto, el Consejo convocó a los padres de familia a una reunión en el salón comunal, informando que la institución armada había donado arbolitos y pinturas para la escuela primaria. Ya el 30 de junio, el ejército empezó a sembrar arbolitos en los predios de la escuela y a pintar las paredes externas de los edificios escolares.

Lo grave de la presencia militar es que no consultaron ni obtuvieron el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad en general ni de las autoridades comunitarias. Si bien el ejército fue solicitado por el Consejo de Padres de Familia de la escuela, ello no justifica la intervención u ocupación militar en asuntos que le competen al Ministerio de Educación. Además, el Consejo de padres de familia no es la autoridad que representa a la comunidad en general. Es solamente un sector que no puede tomar decisiones de importancia sobre la vida comunitaria.

Digan lo que digan, la presencia, ocupación e intervención militar en la comunidad, viola claramente los derechos de los pueblos indígenas a la consulta, consentimiento libre, previo e informado, reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

2. ¿Qué dice el derecho internacional de los derechos humanos en esta cuestión?

2.1. Convenio 169 de la OIT

El artículo 6 del Convenio dispone que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

2.2. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

El artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Establece: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

El Artículo 30 de la Declaración es más taxativo al establecer que “. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público pertinente o que se hayan acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”.

3. Presencia, intervención u ocupación militar en una comunidad es una medida administrativa.

La presencia, ocupación o intervención militar en las tierras y territorios indígenas se consideran medidas administrativas. Y, cuando estas se realizan sin respetar los derechos de los pueblos indígenas, se convierten en actos ilegales. Con esto, los mismos militares violan las obligaciones internacionales del Estado de respetar y garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. “La no aplicación de estos derechos por cualquier instancia jurídica o administrativa de un Estado establece responsabilidades clara de ese Estado por la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y sitúa en la ilegalidad cualquier actuación que se realice dentro de territorios indígenas”.(1)

4. ¿Qué dice la Relatoría Especial acerca de esta cuestión?

El Relator Especial, señala la necesidad de consultar e intentar concertar con los pueblos indígenas afectados todas las condiciones de cualquiera presencia militar dentro de sus territorios. Es de suma importancia que la autonomía y las estructuras tradicionales de toma de decisiones dentro de las comunidades indígenas sean respetadas en todo momento. El Relator Especial recuerda que la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas afirma que “[l]os Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares” (art. 30.2).(2)

En relación a la presencia militar en zonas indígenas recomienda “respetar la autonomía de los pueblos indígenas y concertar con las autoridades indígenas las condiciones de cualquier presencia necesaria dentro sus territorios, de conformidad con el artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”.(3)

5. Conclusión:

A la luz del derecho internacional de los derechos humanos, la presencia, ocupación e intervención militar en una comunidad indígena, como en el caso de la comunidad de Pueblo Nuevo, sin consultar ni obtener el consentimiento libre, previo e informado de esa comunidad, va contras las obligaciones internacionales del Estado de respetar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Es, entonces, necesario que el Ministerio de la Defensa cumpla con las obligaciones estatales establecidos en el Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Hace un poco de tiempo, en el Documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, los Jefes de Estado y de Gobierno, ministros y representantes de los Estados Miembros, reafirmaron su apoyo a la Declaración y su compromiso de celebrar consultas: “ Reafirmamos nuestro apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, y los compromisos que hemos contraído al respecto de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, de conformidad con los principios aplicables de la Declaración. Nuestro solemne compromiso de respetar, promover, impulsar y no menoscabar en modo alguno los derechos de los pueblos indígenas y de defender los principios de la Declaración.(4)

(1) Bartolomé Clavero. Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Consulta y consentimiento previo, libre e informado a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Pág. 7.

(2) Profesor S. James Anaya. Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas La situación de los pueblos indígenas en Colombia: seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator Especial anterior. A/HRC/15/34/ 8 de enero de 2010. párr. 28

(3) Ibíd. Pag.27, párr. 67.

(4) Naciones Unidas. Asamblea General. Documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. A/69/L.1. 15 de septiembre de 2014. Pág. 2, párrafos 3 y 4.

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