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¿Solo hay penas de cárcel para los indígenas? El caso de Bernardo Caal
Por Efrén Diego Domingo - Guatemala, 23 de noviembre de 2018
ediegoixcan@hotmail.com

Reporta Prensa Libre: “El dirigente comunitario Bernando Caal Xol fue sentenciado este viernes a siete años y cuatro meses de cárcel por el juez Primero de Sentencia Penal de Alta Verapaz, Walter Fabricio Rosales, por los delitos de detención ilegal con circunstancias agravantes y robo agravado. El Ministerio Público apelará la condena porque había solicitado 14 años de prisión por robo agravado, detenciones ilegales con agravaciones especificas e instigación a delinquir”.(1)

Ante esta sentencia, cabe hacer algunos comentarios:

1. En este caso, el Juez Walter Fabricio Rosales, no asume su obligación del control constitucional ni convencional. Tanto el juez como el fiscal del caso, ignoran la obligación internacional de respetar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT. El artículo 10 del Convenio 169 establece claramente que “Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.Esta disposición es de cumplimiento obligatorio en el país. Da pena que en lugar de cumplir con esta disposición, lo primero que se les ocurre al juez y al fiscal es imponer al dirigente comunitario la pena de cárcel. Esto es una clara violación del Convenio 169 de la OIT y también del principio de igualdad y de no discriminaciónestablecidos en las Declaraciones de Naciones Unidas y Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es de recordar que el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas son parte del Bloque de Constitucionalidad.

La actuación judicial en este caso, es una clara regresión en materia de derechos de los pueblos indígenas. La Relatora de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha dicho que: “En el ámbito internacional, Guatemala ha ejercido un rol de liderazgo en cuestiones indígenas y tuvo un papel importante en la elaboración y adopción por la Asamblea General de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007 y en la creación de esta Relatoría Especial. Es de lamentar que estas posiciones progresistas no se reflejen en las acciones en el ámbito nacional”.(2)

¿Cuál es rol de un juez o fiscal o abogado en relación con los derechos humanos y más en el caso de los derechos de los pueblos indígenas?

Diremos: “En consecuencia, jueces, fiscales y abogados tienen un rol crucial en asegurar que los derechos humanos sean efectivamente implementados en el nivel nacional. Esta responsabilidad requiere que los miembros de estas profesiones jurídicas se familiaricen adecuadamente con el derecho nacional e internacional de los derechos humanos. Las obligaciones que se derivan para los Estados por virtud de tratados internacionales deben ser ejecutadas de buena fe. En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la responsabilidad del Estado es estricta en el sentido en que los Estados son responsables por las violaciones de las obligaciones derivadas de los tratados, aun cuando éstas no son intencionales. Un tratado de derechos humanos deber ser interpretado sobre la base de una aproximación integradora y teleológica, mediante la búsqueda de una interpretación que respete los derechos e intereses del individuo y que preserve el sentido lógico dentro del contexto total del tratado”.(3)

En Guatemala, se necesitan jueces, fiscales y abogados conocedores del derecho, jueces, fiscales y abogados profundamente formados y capacitados en la evolución del derecho internacional de los derechos humanos y más del derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas. En Guatemala, necesitamos jueces y fiscales verdaderos y no técnicos en la interpretación de códigos.

Por último, deberá el Ministerio Público iniciar procedimientos penales contra todo despojo de tierras que enfrentan los pueblos indígenas. El Convenio 169 establece claramente que: “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos” (Artículo 17.3). De igual manera, iniciar investigaciones para sancionar la usurpación de tierras de la que son víctimas comunidades y pueblos indígenas.El Convenio establece que“La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones”.(Artículo 18)

Recuerde que las autoridades judiciales deben saber que los pueblos indígenas tienen derechos a la tierra, al territorio y los recursos naturales y es obligación nacional e internacional del Estado garantizar los derechos indígenas. De ahí que el sistema de justicia sea parejo, no debe utilizarse el derecho penal para criminalizar a lascomunidades y pueblos indígenas. Hay un principio de mínima intervención penal. Creo de vital importancia que los administradores de justicia se apropien y actúen conforme el Protocolo IBEROAMERICANO de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas, pues esta establece Principios generales para la consideración de las y los juzgadores en casos que se encuentren involucradas personas, comunidades y pueblos indígenas.

(1) Ver Prensa Libre. Guatemala, 12 de noviembre de 2018. Página 12.

(2) Asamblea General de Naciones Unidas. Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a Guatemala. A/HRC/39/17/Add. Párrafo 16, pág. 5. Fecha: 10 de agosto de 2018

(3) Naciones Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado. Guatemala. Insumos para la formación en derecho humanos y administración de justicia.Págs. 7 y 9. Diciembre 2010.

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