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La CICIACS, más allá de ideologías
por Edgar Gutiérrez - 1 de abríl de 2004

A pesar del debate polarizado sobre la Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), en sustancia no debería haber controversia, pues, 1) es deber del Estado garantizar la vida, seguridad y justicia de sus habitantes; 2) el principio de seguridad se sostiene en que las personas, sin ningún distingo, son un fin en sí mismo, fundado en su dignidad y los derechos que de ella emanan; y 3) es irrefutable la tara estructural que le impide al Estado cumplir medianamente sus obligaciones básicas de seguridad.

Si hay acuerdo sobre esto, el asunto es “cómo”. Algunos dicen que la CICIACS no es el medio, porque asume tareas del Ministerio Público (MP). Pero existe la figura del querellante adhesivo, bajo la cual se acogería la CICIACS. Por otro lado, el MP ha solicitado el auxilio del FBI en varios casos de alto impacto social. El apoyo de la CICIACS a la acción penal se basa también en el Artículo 88 de la Ley del MP, que faculta al Fiscal General a realizar convenios de cooperación, incluyendo a instituciones “extranjeras, para la realización de investigaciones en aquellos asuntos en los que fuere necesario”.

Otro alegato es que la CICIACS violaría la soberanía. La soberanía, como se sabe, tiene dos componentes: la autodeterminación, por la cual se autodefine un pueblo, exige su reconocimiento a las demás naciones y se constituye en Estado nacional, sujeto del derecho internacional público. Y la libre determinación, que permite al pueblo establecer su condición política; proveer su desarrollo económico, social y cultural; disponer de sus medios de subsistencia; dar origen al Estado de Derecho y hacerse sujeto de su destino. Los valores que inspiran esos procesos son la libertad y la seguridad.

¿Qué cosquillas hace la CICIACS a la soberanía si su meta es cooperar con el Estado a realizar ciertos deberes constitucionales, cuyo incumplimiento le debilita y mina su legitimidad? Si la asistencia internacional para las instituciones estatales es per se violación de la soberanía, los cientos de convenios de cooperación firmados desde 1948 para educación, salud, agricultura, infraestructura, comercio, seguridad, transparencia, antinarcóticos, observación electoral, la propia membresía de Guatemala en la ONU, etcétera, resultan delitos de lesa patria.

Como eso raya en el absurdo, parece que el meollo de la oposición, por parte de quienes debaten, es una divergencia ideológica sobre derechos humanos, que en muchos casos es un estertor de la guerra civil. En Guatemala, y en Latinoamérica, la izquierda, incluyendo la marxista, enarboló las libertades civiles ante el sofoco de las dictaduras, y por eso los derechos humanos (de origen liberal burgués) se volvieron mala palabra en el status quo. En Europa Central y del Este, los derechos humanos fueron bandera de la disidencia anticomunista que inauguró las democracias, y por eso el término adquirió renovado prestigio internacional.

Otra dimensión poco explorada en el debate, que va más allá de ideologías, es que la CICIACS pone en la mirilla al crimen organizado vinculado a violaciones de derechos civiles y políticos. Ésta es una asociación orgánica que refuerza mutuamente su impunidad con sobornos, chantajes, amenazas, imposiciones y boicoteo a las instituciones estatales. Y felizmente ha encontrado defensores públicos ideológicos. Ahora, si la fórmula guatemalteca llamada CICIACS –novedosa en el derecho internacional no es una salida, ¿cuál es?

Tomado de www.elperiodico.com.gt


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