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Las políticas ausentes
por Edgar Gutiérrez - 4 de abríl de 2004

Los asuntos relacionados con política agraria y de desarrollo rural aparecen de manera recurrente y conflictiva, porque son inexistentes como políticas de Estado. Esa ausencia es un rezago que explica en gran medida la pobreza rural, el atraso agrario y sus secuelas.

En el gobierno pasado no las cristalizamos, apenas las pudimos coquear. Hubo un cálculo político –probablemente equivocado– de que llevaría a una confrontación social insostenible, dado el asedio de ciertos grupos privados y la fragmentación ideológica del mundo rural.

No obstante, ciertos funcionarios pensaron, en ciertos momentos, promover la reforma agraria como recurso de choque. Pero no pasó de eso –pensarlo– y creo que fue bueno, pues no había un sustento real de estrategia. Y como se ha visto, las contrarreformas son demasiado amargas.

Hace dos años los campesinos agrupados en CNOC presentaron una propuesta de desarrollo rural, que establecía como prerrequisito una “reforma agraria integral”. Ésta se podría realizar, según su idea, por medio de expropiaciones y confiscaciones de tierras.

Como las confiscaciones no caben en las leyes (las expropiaciones sí, en casos calificados), sugerían reformar la Constitución. Eventualmente eso sería posible mediante una Asamblea Constituyente.

Los campesinos tienen razón si la estrategia se formula así: la reforma agraria es necesaria, pero insuficiente sin estrategia de desarrollo rural.

Opiné, en aquel momento, que la propuesta de reforma Constitucional era inviable por la adversa correlación de fuerzas. Ahora las condiciones tampoco son propicias por el renovado poder de ciertos grupos privados con vocación de captura del Estado, y la inexistencia de fuerzas acumuladas en los sectores populares y políticos reformistas.

No significa que crea necesario liberar nuestra Constitución de sus múltiples candados para impulsar una política fiscal progresiva, la inclusión plena de los pueblos indígenas y el desarrollo agrario y rural.

Mientras se larva un cambio constitucional en esa línea, habrá que explorar otros caminos. Éstos serán tan variados como los intereses en juego. La última propuesta que conocí de la Cámara del Agro y el Consejo Agroindustrial, formulaba como objetivo un desarrollo rural “incluyente, que debe colocar a la mayoría de productores en condiciones de producir mejor, de vender mejor para incrementar los ingresos.”

En ese objetivo se puede confluir, al igual que en algunos de los componentes de la propuesta, la diversificación productiva, el reordenamiento territorial y el papel fundamental de la educación y la transferencia de tecnología.

También podría promoverse una política agraria y de desarrollo rural, considerando premisas como:

1. Romper con los marcos de análisis rígidos, excluyentes, tecnicistas, divorciados de las posibilidades reales de movilización de la gente.

2. Definir un ente rector oficial –la Secretaría de Asuntos Agrarios debería asumir ese papel– de promoción de la participación organizada de las poblaciones rurales y campesinas, encargado de coordinar las instituciones que tienen que ver con el tema, y darle coherencia al proceso.

3. Establecer una base sólida de conocimiento sobre las realidades rurales, por ejemplo, tipos de suelos y territorios, poblaciones y culturas, organización, cultivos, mercados, financiamiento, migraciones.

La información catastral es indispensable para saber dónde está y qué es la base material del desarrollo agrario y rural. Además, debemos dotarnos de una buena batería de definiciones. ¿Qué vamos a entender por tierras ociosas, latifundio, minifundio, productividad?

¿ Cuál es a fin de cuentas el objetivo de la política agraria y de desarrollo rural, sino que la población mayoritaria del campo tenga mejores oportunidades de realización humana, en un ambiente sostenible? Al respecto, hay dos tareas prioritarias: detener la tala rapaz, y cuidar y aprovechar los recursos hidráulicos.

Cualquier política agraria y de desarrollo rural tendrá como condición quebrar el eje latifundio-minifundio. Romper el minifundio significa en gran medida reconvertir los suelos de 35º y 45º de inclinación, donde actualmente se siembra maíz, en bosques y áreas fruteras. Eso, claro, requiere inversión y tiempo (entre 4 y 7 años).

Ciertamente, el 75 por ciento de la tierra en Guatemala tiene vocación forestal. La mano de obra que puede absorber la actividad agrícola es insuficiente para el ritmo de crecimiento poblacional.

No hay tierra que alcance. Por tanto, la política debe contemplar la promoción artesanal, de micro, pequeña y mediana empresas, la agroindustrialización y maquinización en economías de escala, dejando en libertad a la gente para que se organice como mejor le parezca: cooperativas, empresas asociativas, formas comunitarias, etcétera.

En todo ello la educación y capacitación modernas –pero inspiradas en las viejas escuelas de artes y oficios creadas por la Reforma Liberal– juegan un papel central.

Territorialmente, hay que pensar en términos diferenciados. No es la misma política para las tierras altas del Altiplano, donde el énfasis tendrá que ser forestal y pecuario a pequeña escala, que en la bocacosta y la costa, donde la primera tarea es reactivar las tierras afectadas por el algodón; en Petén, Ixcán y en Oriente, es otra cosa.

La política agraria y de desarrollo rural tiene una dimensión organizativa, de reconstitución del tejido social y como plataforma política, pues no habrá política exitosa sin participación desde la base. Deben incluirse explícitamente las fuentes de financiamiento y cooperación, pues la disponibilidad de ahorro interno y la suficiencia financiera del Estado son francos talones de Aquiles.

Países amigos, como los nórdicos y Canadá, podrían dar valiosos aportes en lo forestal; y otros, como Taiwan, nos pueden ayudar en transferencia tecnológica, capacitación y diversificación de cultivos.

Finalmente, es fundamental conducir las políticas en un marco de gobernabilidad democrática, lo que exige alianzas políticas pragmáticas, que incluyan a las clases medias, pero también a banqueros, agroindustriales y comerciantes, para una modernización escrita en clave de superación de la pobreza y desarrollo.

Tomado de www.elperiodico.com.gt


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