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Hacia el estado (¿autoritario?) de derecho
Por Edgar Gutiérrez - Guatemala, 16 enero de 2005

Hace 25 años el Ejército ganó una posición estratégica en Chupol, que resultó infranqueable ante los ataques de la guerrilla.

Hace 25 años el Ejército ganó una posición estratégica en Chupol, que resultó infranqueable ante los ataques de la guerrilla. Fue el principio del fin de la guerra civil y su altísimo costo de vidas civiles.

Hace cinco días las fuerzas combinadas, bajo dirección civil y con el presidente Berger asumiendo en la víspera la dirección de la seguridad pública, iniciaron una refriega contra pobladores sololatecos que impedían el paso de maquinaria de una empresa transnacional minera que tiene explotaciones en San Marcos. Las fuerzas oficiales avanzaron unos 20 kilómetros, hasta Argueta, donde encontraron la mayor resistencia. Según la información oficial, hubo un muerto (2, dicen otras fuentes) y 16 heridos.

Es la reedición de viejas y dolorosas imágenes que sólo auguran más confrontación: lugareños resistiendo, como pueden, los signos del supuesto progreso que los invade, y el gobierno jalándose los pelos ante tanta insensatez y desorientación de gente “atrasada”, pero aplicando sin miramientos un principio riesgosamente estrecho de seguridad, que apela a la imposición del Estado de Derecho.

El jueves, en un programa radial, el Ministro de Gobernación dijo que su tarea consistía en mantener el orden, que él no podía dar cuentas de una mediación supuestamente abandonada, que reclaman los lugareños y las autoridades locales, y citó artículos del Código Penal que éstos habían violado al impedir el paso en la Interamericana. El mismo día el mandatario siguió condenando a “los malos líderes”, cuyas capturas han sido pedidas, y su tono anticipó otro enfriamiento con la jerarquía católica.

El manejo gubernamental de las demandas sociales y las desbordadas medidas de hecho auguran nuevas confrontaciones violentas este año. En 2004 el movimiento social –salvo los ex PAC– quedó a la defensiva y neutralizado. Los ex PAC no fueron reprimidos porque, según las autoridades, su volumen superaba a las fuerzas oficiales. En Nueva Linda y Argueta no era el caso, tampoco la “limpieza” de maras, si éstas se toman por sorpresa.

Ante esa aplicación de la seguridad, la opinión está dividida. Como la criminalidad sigue desorbitada y la respuesta de Gobernación aún no alcanza un nivel de eficacia, la gente le da la vuelta al sistema: toma la seguridad y la justicia en sus manos. Por eso en los centros urbanos hay más simpatía por el uso de la mano dura, y en las zonas rurales, que viven la invasión no deseada de extraños, el recelo crece.

Hace 25 años comenzó la imposición, a cualquier costo, de la “pacificación” de las zonas rurales. Ahora se quiere imponer el Estado de Derecho, reduciéndolo a la mera operación de fuerzas armadas, el control de disturbios y la eficaz captura y condena de los líderes revoltosos. Si esto es así, eventualmente se podría hablar de un Estado de Derecho al servicio de un orden autoritario, pero no de un Estado democrático de Derecho, o sea, un sistema basado en la legalidad y legitimidad de las autoridades que garantiza las libertades políticas de toda la población y somete todos los actos públicos a la prueba de la rendición de cuentas.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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