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El otro Estado de Derecho
Por Edgar Gutiérrez - Guatemala, 20 enero de 2005

Evita a toda costa que se conecten conflictos homólogos.

Guillermo O’Donnell nos recordaba, en un ensayo publicado en octubre último, que el significado mínimo de Estado de Derecho –históricamente, el original– es la aplicación de toda ley redactada y promulgada por autoridades competentes antes de que se susciten los hechos que quiere regular; que la ley se aplica equitativamente por las instituciones relevantes –no sólo el poder Judicial– y es consistente en casos equivalentes, o sea, sin importar la clase social, el estatus y el poder relativo de las partes.

En los recientes disturbios en Argueta, el gobierno reivindicó el uso de la fuerza para hacer respetar el Estado de Derecho ante las medidas de hecho de los pobladores. Y el presidente Berger reclamó públicamente al obispo Álvaro Ramazzini el que no se hubiese puesto al frente de los pobladores para informarles que en Guatemala “existía Estado de Derecho”.

El asunto es éste: las comunidades hicieron uso del derecho, nacional e internacional, de resistencia, porque ya habían agotado los recursos del Estado de Derecho, y de todos modos les pasaron encima. Resulta que en febrero de 2004 se concedió un par de licencias para exploración minera en Sololá. La corporación municipal firmó, al parecer, sin saber bien qué autorizaba. Pero ante las reiteradas dudas de varias organizaciones locales, recopilaron información, reflexionaron y concluyeron que no les convenía.

Hicieron uso de los procedimientos contemplados en el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo: consultas y consensos en los consejos locales, y cabildeo abierto para revertir la decisión desinformada de sus autoridades. Reclamaron la aplicación del artículo de consulta del Convenio 169. Y atendiendo esas resoluciones, la Alcaldesa de Sololá se puso al frente de la reivindicación del orden jurídico. Invitaron a las autoridades centrales a discutir para llegar a un acuerdo. Se les ignoró.

A la luz de esos hechos, es difícil comprender el Estado de Derecho a restituir mediante la fuerza. El Ministro de Gobernación dice que ese antecedente no es con él; su mandato era restablecer el orden. Pero, si el Ministro del Interior no es el Ministro de la política, ¿entonces, quién es? Y luego, para agravar las cosas, el Presidente involucra al obispo Ramazzini en un asunto en el que nada tenía qué ver, pues jurisdiccionalmente no es su Diócesis.

Un consejo que siempre reciben quienes manejan la seguridad de un Estado es: evita a toda costa que se conecten conflictos homólogos. Flaco favor se hizo el Presidente. Además, por ahora, los pobladores borraron sus identidades divisorias (ex PAC, ex guerrilleros, víctimas, católicos, evangélicos o signo partidario) ante la amenaza común.

¿Qué Estado de Derecho se puede reivindicar, si irrespetamos el Estado de Derecho cuando de él hacen uso las comunidades? ¿A qué gobernabilidad se puede aspirar, si somos los primeros en levantar fantasmas imaginando conspiraciones? Leí el otro día que alguien se congratulaba porque el enfrentamiento era cosa del pasado. ¿Qué nombre tendrá lo ocurrido ahora con los sololatecos y la jerarquía católica, y la división arbitraria entre “nosotros los buenos y ellos los malos” que sentencia el representante de la nación?

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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