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Gobernabilidad a concesión
Por Edgar Gutiérrez - Guatemala, 14 de abril de 2005

La iniciativa que conoce el Congreso lo supera todo.

Ni los izquierdistas de hueso colorado resisten una argumentación sobre las concesiones. Son y han sido necesarias en todos los países, bajo distintos regímenes económicos y en diferentes épocas. Cuando el liberalismo vivió su invierno hace casi un siglo, hubo el movimiento inverso al de esta época. El Estado asumió la promoción de empresas, servicios e investigaciones en áreas estratégicas necesarias para el desarrollo económico. Dado que representaban inversiones tan grandes, de lenta maduración y alto riesgo, los empresarios no estaban dispuestos a participar y las dejaban.

Las concesiones de servicios públicos son necesarias como una forma de garantizar el servicio con eficacia en beneficio de la población. Y el Estado como ente soberano está por encima de los agentes privados, porque sus obligaciones son justamente velar por el bien común y el desarrollo nacional. Un régimen de concesiones identifica con claridad el servicio que se enajena (temporal e intransferible), las garantías de su protección y mejoramiento, los derechos de los usuarios y los objetivos fiscales.

Lo hecho hasta ahora en materia de concesiones y privatizaciones (teléfonos, electricidad, ferrocarriles, silos y demás) es un ejemplo de cómo no se debe hacer. O de cómo se opera en contra del interés nacional y el desarrollo, y a favor de altas ganancias de corto plazo bajo reglas patrimonialistas.

La iniciativa de Ley de Concesiones que conoce ahora el Congreso supera todo lo dicho y hecho. Se ofrece en “concesión” hasta por 50 años prorrogables (arto. 12), no los servicios públicos sino todo lo que es susceptible de lucro (artos. 1, 2, 11). El Estado se despoja de soberanía y autoridad (artos. 3, 4) por tanto renuncia a cumplir sus obligaciones constitucionales, y se pone a perseguir otros fines que no son los suyos (artos. 6 y 7). Y al final, como casi siempre ocurre en estos casos, nadie es responsable, pues la autoridad concedente puede ser “cualquier entidad adscrita a algún ministerio o dependencia”, que ¡válgame!, “actúa en nombre y representación del Estado de Guatemala” (arto. 1).

¿Qué modalidades puede tener la concesión? Se enumeran varias y se anota una monstruosidad: “cualquier otra figura o forma contractual que en el transcurso del tiempo… pueda servir” (arto. 13f). Dentro de nuestra tradición de derecho casuístico, cada contrato tendrá su propio reglamento (arto. 15). Sin que falte la contradicción que favorece la confusión: las concesiones pueden y no pueden transferirse según el párrafo que se lea (arto. 20e y 39).

Me temo que la prisa para que se apruebe la Ley de Concesiones antes de que entre en vigor el TLC con EE.UU., es porque cierta gente quiere hacer la repartición de lo que queda del país para luego revender a precios reales; además, son demasiadas las cláusulas de esa ley que niegan certeza jurídica, transparencia y competencia, inaceptables bajo el régimen del TLC. Esta es una ley que escapa al análisis ideológico. Debe ser puesta bajo el lente del futuro de una gobernabilidad que ahora mismo es precaria. Lo que se está sembrando son terribles tormentas sociales.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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