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¿Arranca la política?
Por Edgar Gutiérrez - Guatemala, 12 de mayo de 2005

Estamos en la víspera de un realineamiento político.

La semana pasada, con el ministro de Comunicaciones, Eduardo Castillo, participé en el programa de televisión ‘Juicio a…’, dedicado a la Ley de Concesiones. Tuvimos desacuerdos sobre conceptos y procedimientos, pero coincidimos en que las concesiones son un medio válido para extender los servicios públicos y promover inversión privada. Pero fuera de ese estudio hay una polarización entre el poder y el querer. El Gobierno puede (¿puede?) pasar la ley; la mayoría de la gente, no, a juzgar por las encuestas. No hay confianza en que el Gobierno hará las cosas de manera muy diferente a como las hizo la administración de Álvaro Arzú, con las privatizaciones de Guatel, la Empresa Eléctrica e Indeca, o las concesiones de Fegua y la autopista Palín-Escuintla, entre otros.

Desde luego que un rechazo tal no ha sido, la mayoría de las veces, barrera infranqueable para que los órganos del Estado se pongan de acuerdo sobre el “interés nacional”, aunque excepcionalmente asuman la responsabilidad de las consecuencias. En el caso de las concesiones, el ministro Castillo admitió lo que sabíamos: el gobierno, que es minoría en el Congreso, tenía los votos suficientes para pasar la ley. Sin embargo, se retrajo. Fuera de cámara le pregunté la razón de congelar la ley. Me respondió que era el deseo del presidente Berger discutirla ampliamente, mejorarla y construir acuerdos con los sectores sociales.

Quién sabe si esa intención se va a materializar y si será exitosa. Quién sabe, por otro lado, si esa fue la democrática razón de fondo, pues varias versiones, no confirmadas (es la otra explicación), dicen que el Gabinete de Gobierno se fracturó al conocer sobre el compromiso anticipado de algún alto funcionario de ofrecer en concesión el parque nacional de Tikal. Lo que parece cierto es que la inhibición de la ley, decidida desde la Casa Presidencial, ha coincidido con una mayor beligerancia de partidos cuyos votos son necesarios para alcanzar la mayoría en el Congreso, como el FRG y la UNE. O sea, si hoy el Gobierno vuelve a promover esa misma ley, le costaría muchísimo trabajo alzar las manos requeridas para pasarla.

Me parece que estamos en la víspera de un realineamiento político, que no forzosamente trae buenas noticias para el Gobierno. Podría ser que a la oposición organizada en las calles, se sume ahora una oposición consistente en el Congreso. Si eso fuese cierto, la administración del presidente Berger será exigida en un campo en que ha dejado entrever una seria falencia: el de la operación política, que es el arte de tejer acuerdos y sustentar posiciones. Eso podría abrir una ventana de oportunidad a los escasos cuadros políticos que abriga el Gobierno, la mayoría, de corte reformista. O bien, puede obligar a incorporar a operadores políticos provenientes de la matriz de poder económico del mandatario.

Otro escenario, el menos deseable, es que el Gobierno haga caso omiso a esas señales del exterior y crea que puede todavía mantener la inercia con que ha manejado a los opositores. En tal caso, la agresividad, desde todas las tribunas, subirá de tono, y la gobernabilidad se puede tornar realmente precaria.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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