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Lo delgado de la pita
Por Edgar Gutiérrez - Guatemala, 7 de julio de 2005

La palabra no la tienen las partes, sino las autoridades.

Lo más delgado de la pita en Guatemala sigue siendo el Estado de Derecho. Vivimos el riesgo, aumentado en estos días, de que esa pita se nos tense y se rompa sin que siquiera nos demos cuenta. Y si llega a romperse lo que entra en juego es la paz social y, sin que esto sea una exageración, la integridad territorial.

¿Cuál es la novedad?, me dirá alguien, si hemos vivido con un Estado de Derecho precario, que en la práctica opera feudalmente. En efecto, sobre esa precariedad hemos querido montar, desde hace 20 años, el régimen democrático y, en la última década, una nueva institucionalidad a fin de clausurar en definitiva el conflicto armado. Por eso los resultados de tales experimentos políticos han sido decepcionantes.

Para el común de la gente el Estado de Derecho es lo más parecido a un palacio de la Edad Media fortificado, inaccesible, desde el cual, sin embargo, recibe bolas de fuego.

La novedad ahora es que esa gente cuenta con un instrumental básico legal para realizar ejercicios de consulta sobre asuntos colectivos que le atañen en su jurisdicción. Hay entonces un eslabón con el Estado de Derecho que, en vez de ser repudiado o volverlo blanco de burlas, habría que reforzarlo y darle cauce para que el eslabón no se pierda.

Ciertamente este derecho de participación de las comunidades choca con el derecho positivista dominante. Pero esta vez no podemos responsabilizar a jueces y abogados. Es un asunto que los rebasa. Y es que si queda la resolución atada a la interpretación jurídica, vamos a caer sin remedio al círculo vicioso y al juego de intereses inmediatos.

No son las comunidades las que deben abstenerse de participar, renunciando a un derecho. Tampoco las empresas, cuyas inversiones y rentas están de por medio, son las que van a dar la solución ecuánime. La responsabilidad directa es de quienes tienen iniciativa de ley y la obligación de legislar. Quienes deberían de tener las barbas en remojo son las autoridades de Estado, responsables de la gobernabilidad.

Reitero lo que escribí hace varias semanas: las consultas populares deben estar reguladas en sus procedimientos a través de un decreto de aplicación general. Las controversias por el control de los recursos naturales no van a disminuir, se exacerbarán, pues el apetito de materias primas está creciendo en todo el mundo. Y muchos conflictos, quizá hasta guerras, ocurrirán por esa causa. En Guatemala todavía hay cierto margen de soberanía para ordenar conforme a intereses nacionales. Ese margen se irá perdiendo velozmente con los tratados comerciales y la entrada en vigor de cláusulas de la OMC que, por cierto, no tienen detrás la misma voluntad de poder que las convenciones de derechos humanos, las cuales, la mayoría de las veces, son meras expresiones de buenos deseos.

Por todo eso, es imperativo prevenir un eventual incendio de la pradera, antes que seguir jalando la pita por lo más delgado. La palabra esta vez no la tienen las partes, sino las autoridades de Estado.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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