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El poder de las consultas
Por Edgar Gutiérrez - Guatemala, 28 de julio de 2005

El debate hasta ahora nos ha llevado a dos conclusiones positivas.

En el asunto de las consultas populares en los municipios, hemos entremezclado varios componentes del debate: jurídico y político, ideológico e interés de mercado, impactos socio-ambientales, etcétera. Amplio ha sido el espectro de actores que participan encendidamente en las discusiones. Pero, quizá por el receso, los diputados -agentes clave- han estado más bien ausentes; mientras, el gobierno ha optado por una omisión que bien podría ser táctica.

En cada enfoque hay una posición, implícita o abierta, sobre el ejercicio del poder. Unos defienden que es el Estado central, como expresión de unidad nacional, al que le corresponde decidir sin ambages sobre el uso y destino de los recursos naturales. Otros reclaman que sean las comunidades, mediante procedimientos legales, las depositarias de un poder de veto (incluso de gestión) sobre la explotación de esas riquezas.

La controversia despertó porque el resultado de las consultas ha sido adverso a las inversiones bajo los términos en que han sido concedidas. Si el resultado hubiese sido favorable no habría corrido tanta tinta. El debate hasta ahora nos ha llevado a dos conclusiones positivas: 1. Debe establecerse un reglamento para las consultas, locales y nacionales, y 2. Hay que revisar los términos de la ley que otorga los derechos de explotación de metales e hidrocarburos, pues resulta onerosa para Guatemala. Y si queremos una tercera conclusión derivada: el Estado debe elevar su capacidad institucional de regulación y control sobre lo que realmente se extrae del subsuelo, tanto en términos de cantidad como de calidad.

Ahora, el tema del poder nos traslada al escenario de la crisis de los Estados nacionales, que ocurre en Guatemala y en muchos otros lugares y, al tantas veces blandido y bendecido, tema de la descentralización. Parte de la crisis de los Estados nacionales está empujada desde fuera con la dinámica de la globalización y la pérdida de soberanía, que ocurre no sólo en derechos humanos (que algunos tienden a resaltar), sino, sobre todo y más determinante, en las políticas económicas. El ejemplo más fresco es el de los tratados de libre comercio.

La descentralización también implica, para el Estado nacional, cesión de soberanía, pero a favor de centros locales de poder (el municipal, los consejos de desarrollo, aunque esta afirmación contenga todavía una altísima dosis de teoría) y de sus habitantes. Es, pues, parte de un necesario equilibrio que el Estado central debe administrar para no perder gobernabilidad y prevenir crisis mayores, como las de secesión, cuyas narices vemos repuntar ahora mismo en Bolivia, y con menor fuerza en Ecuador y Perú. La pregunta podría ser: ¿cuáles deben ser los alcances y límites de la descentralización?, pues debe tenerse presente, en el debate de las leyes, que deben ser revisadas o creadas a propósito de consultas y recursos naturales. Y sería de mucho valor escuchar las posiciones de los actores del interior, incluyendo a intelectuales, líderes políticos (en otros, diputados distritales), organizaciones sociales y gremios empresariales con influencia regional.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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