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Guerra de maras
Por Edgar Gutiérrez - Guatemala, 18 de agosto de 2005

Las maras son producto de una disfunción social

El progresivo control de territorios asociado a extorsiones de pobladores y comerciantes, la inusitada proliferación del narco-menudeo y las frecuentes explosiones de violencia criminal, convirtieron a las maras en un asunto de seguridad nacional y trasnacional. Afirmo esto como premisa para, acto seguido, decir que, en torno a los violentos hechos ocurridos en los presidios el día 15, darle rienda suelta a la especulación (si fue una conspiración política o el resultado de la limpieza social), en nada contribuye a enfrentar el problema.

Las maras son producto de una disfunción social y desatención del Estado, pero sus manifestaciones criminales y las formas en que ejercen el poder han rebasado, con mucho, esa matriz; tanto para explicarlas hoy día, como para tratarlas en el ámbito de las políticas públicas. Podríamos tener esperanzas en los programas de rehabilitación de pandilleros si, para empezar, se trazaran con seriedad. Pero hasta ahora, desafortunadamente, esas iniciativas son un mero show político: está bien dar la finca Santo Tomás para rehabilitar a 80 mareros, pero está mal que a estas alturas se esté buscando el financiamiento (internacional) para darle sustento material al programa. Quiere decir que se montó sin tener una planificación adecuada. Pero, una vez en la calle los pandilleros rehabilitados no van a vivir de la caridad; sus “chances” de reincorporación social será tan precario como el de otros 100 mil jóvenes (sobre un total de 125 mil) que cada año ingresan al mercado de trabajo y no encuentran empleo.

Este es ya un asunto de seguridad que no debe politizarse, porque distrae la atención y dispersa las voluntades y los limitados recursos que tiene el Estado para enfrentarlo. Tampoco se trata de transplantar conceptos y creer que estamos ante la criminalización de un fenómeno social. La primera disposición es tener un conocimiento diferenciado del problema. El amplio factor de fracaso en El Salvador y Honduras ha sido la aplicación de una política de tabla rasa: cualquier joven que viste de una manera, usa el cabello así y lleva tatuaje, es per se un pandillero, y se la trata como criminal. Esa paranoia, típica de los Estados policíacos, se paga con sangre inocente, nutre la militancia de las maras y se revierte contra el Estado y la sociedad.

No hay un diagnóstico integral nacional de las maras. Ni sabemos de cuántos jóvenes hablamos(unos dicen 50 mil, otros 200 mil distribuidos en 434 pandillas). Desconocemos su dinámica: ¿quiénes y en qué estadio se encuentran en la ruta previsible de criminalización? ¿Qué factores aceleran o demoran el rol criminal? Nos seguimos manejando por visiones maniqueas, engañosas, o bien extrapolamos experiencias como leyes generales. El enfoque y la política pública sobre las maras han caído en el campo de la seguridad, lo cual no es sinónimo de represión, sino de lógica multidimensional y de respuestas pertinentes a cada caso, incluyendo el manejo de factores culturales, como con las maras que proliferan en regiones indígenas.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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