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Eclipsa el Ejército
Por Edgar Gutiérrez - Guatemala, 21 de noviembre de 2005

Las fuerzas del poder económico precipitaron su ocaso.

El martes 15 de noviembre apareció una esquela del Ejército por la muerte del subteniente Erick Alexander Sitavi Curruchichi, “víctima de la ola de violencia”. Un día antes, el oficial destacado en Petén dirigía una patrulla militar en funciones policiales que debía disuadir a labriegos que se resistían a la intromisión de cierta maquinaria. Cuando el militar quiso despejar el paso, los campesinos reaccionaron violentamente. Visto a su jefe caído, la tropa, ante la disyuntiva de reprimir y quizá provocar una masacre de civiles, huyó.

Ese hecho trágico es un indicador de los tiempos. Reafirma que el Ejército no está hecho para cumplir funciones preventivas propias de policía, pero, además, que su presencia en las calles y caminos está perdiendo el efecto disuasivo que siempre se le atribuyó. Con un dato adicional: la milicia ya no se siente inmune ante los saldos de un eventual uso desproporcionado de la fuerza contra civiles. Y eso contrasta con la creciente actuación represiva de la Policía en Jalapa, hace dos semanas, en algunas manifestaciones callejeras, en Huehuetenango, en Nueva Linda, etcétera.

En Guatemala eclipsa el poder central histórico del Ejército. No es, sin embargo, un signo de recuperación de los otros poderes públicos atrofiados por el desborde militar de la guerra civil. Es decir, funciones que hacen al Estado de Derecho (una policía preventiva y confiable; un sistema de inteligencia operando eficazmente bajo controles; un Ministerio Público independiente; tribunales libres del tráfico de influencias), siguen ausentes.

La curva descendente militar quizá inició en el momento mismo en que ganaba la guerra interna asolando comunidades. Se profundizó cuando varios de sus integrantes se asociaron a actividades ilícitas empleando a la institución como mampara. Continuó por la rigidez ideológica de guerra fría de algunos mandos, la tardanza en reformar la misión militar y la progresiva pérdida de institucionalidad, hasta llegar a ponerse en evidencia el gravoso presupuesto de su mantenimiento vis a vis el precario equipo, las debilitadas capacidades defensivas y, de refilón, la inseguridad pública y la impunidad entronizada.

No son la izquierda ideológica ni los grupos de derechos humanos quienes precipitaron el ocaso militar, sino fuerzas del poder económico que, mediante una alianza “público/privada”, fincan las bases de un engranaje de seguridad bajo su dominio. A diferencia del sometimiento cuasi personal que aplicó hace un siglo contra el Ejército el presidente Manuel Estrada Cabrera, asistimos ahora a un desplazamiento de los militares desde corporaciones privadas con débiles señales aún de institucionalizarse en el Estado. Además, está por asimilarse el impacto de la globalización de la justicia penal (por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional de España del 6 de octubre sobre genocidio en Guatemala) y de la implantación de la Agenda de Seguridad Hemisférica de EE.UU. tras los atentados del 11/S que reclama funciones específicas (antiterrorismo, antinarcóticos, control migratorio) a los ejércitos y fuerzas de seguridad de la zona. Está también por verse la reacción de militares que han calado el tejido social y los partidos políticos, en cuenta los identificados con el poder económico.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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