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Mucho ruido y pocas nueces
Por Edgar Gutiérrez - Guatemala, 8 de diciembre de 2005

Nos estamos quedando enlos juegos pirotécnicos.

Mañana se cumplen dos años de la adhesión de Guatemala a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En la negociación, en Viena, de ese complejo y audaz texto, tuvo un destacado papel uno de nuestros más sobresalientes diplomáticos, el embajador Federico Urruela, fallecido inesperadamente menos de dos meses después de esa firma.

Desde entonces, sobre corrupción bastante tinta ha corrido pero pobre es el trecho que en realidad hemos transitado. Fue hasta hace unas pocas semanas que la Convención recibió el dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, y estará en la agenda, quizá, de la próxima legislatura para su ratificación y posterior depósito. Pasó inexplicablemente cerca de un año antes de que el Ejecutivo la enviara a la 9a. avenida.
La Convención de Mérida –como también se le conoce, porque en esa ciudad de México se firmó- es conceptual y operativamente más adecuada a lo que ocurre en el mundo del siglo XXI, sobre todo después del 11/S, que la Convención Americana contra la Corrupción de la OEA, la cual no ha dado frutos vigorosos. Reconoce que la corrupción es de doble vía: hay corruptos y corruptores. Existe corrupción administrativa, porque ciertos funcionarios violan las normas, exigen o aceptan sobornos, toman para fines particulares dinero público. Pero también hay corrupción de “cuello blanco”, eufemísticamente, “comisiones”, “conflictos de intereses”, que es tan gravosa o más que la otra.

La Convención, además, reconoce la corrupción calificada por el Banco Mundial como “captura del Estado”, o sea, la elaboración de leyes y reglas del juego ad hoc que en realidad son privilegios y competencia desleal, igualmente onerosas para el desarrollo, pues limitan la movilidad social, coartan las oportunidades y despiertan resentimientos, volviendo ficción el Estado democrático de derecho.

Pero quizá el mayor alcance de la Convención de Mérida es el reconocimiento de que la corrupción es un problema trasnacional que debe ser enfrentado en su dimensión global. Y, para ello, ofrece instrumentos a fin de coquearlo integralmente. Partiendo de principios como la igualdad jurídica entre las naciones, establece compromisos tan básicos como los referidos a la contratación, evaluación y promoción de personal; la gestión financiera en la administración pública; la financiación de partidos y las campañas electorales, y la empresarial. Prevé, por ejemplo, herramientas para evitar la doble contabilidad, las cuentas no registradas en libros, anotaciones de gastos inexistentes y empresas de papel. Indica formas de recuperación de bienes adquiridos ilícitamente, normas para evitar el ocultamiento de evidencias, el abuso de poder, el enriquecimiento ilícito y el aprovechamiento de información reservada y confidencial. Es decir, toda una batería para construir un “buen gobierno”, alentar la competitividad, reducir la desigualdad y reivindicar valores de ciudadanía y un indispensable Estado de Derecho. Pero nosotros, al parecer, nos estamos quedando en puros juegos pirotécnicos.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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