Tributo a la impunidad, pero…
Por Edgar Gutiérrez - Guatemala, 18 de diciembre de 2006
La CICIG equivale a un acuerdo de punto final, una amnistía.
Entre la llamada CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) y CICIACS hay una diferencia sustantiva: un radio de impunidad. cicig equivale a un acuerdo de “punto final”, una suerte de amnistía. Habrá una razón de Estado –tranquilizar a ciertos partidos en el Congreso– y también una exigencia de Gobierno: arreglarle la mesa a Berger por las prácticas sistemáticas de limpieza social y su franca dependencia de servicios corporativos (ilegales) de inteligencia.
Por lo demás, la condición jurídica de la cicig es idéntica a ciciacs: convenio con el mp (como se ha hecho con interpol y fbi, entre otros) y asignación de un fiscal; la figura de querellante adhesivo creada en el Código Procesal Penal para intervenir en el proceso, y el encuadre típico de inmunidades diplomáticas de la Convención de Viena.
En 2003, la confección y negociación de la ciciacs nos llevó diez meses. Incluyó diseñar internamente la figura, pensar sus alcances y convencer a la Asamblea de la onu de embarcarse en una aventura sin precedente, más el tiempo perdido porque los grupos de derechos humanos disuadían a asesores de Kofi Annan que era mejor trabajar con el próximo gobierno. El cálculo de esos grupos, como se ve, fue equivocado. Sin embargo, la batalla real no estaba con ellos ni en la onu, sino en el Congreso.
Hace cuatro años, la estrategia fue trabajar, en la primera instancia, con la oficina del pdh y los grupos humanitarios. La prueba del Legislativo demandaba tiempo y talento para horadar barreras en torno al general Ríos Montt, a fin de que le llegara claro el mensaje: la ciciacs es una palanca para el estado de derecho, dado nuestro fracaso de Estado. No dio tiempo. La Asamblea de la onu aprobó la iniciativa el 18 de diciembre de 2003. El 7 de enero de 2004 firmé el acuerdo y el presidente Portillo lo envió a un Congreso que ya tenía encima la transmisión de mando. Pasó a la siguiente legislatura que, a su vez, lo pasó a la cc, la cual lo rechazó.
El gobierno de Berger coqueó tres años el tema. Obvió negociar abiertamente con los grupos humanitarios, pues le son afines. Su tarea, entonces, era preparar el terreno en un Congreso de minorías. No volver la mirada hacia delitos del pasado reciente pudo ser, también, un mensaje a la cc donde el alcalde Arzú (cola machucada, casos Gerardi y Mincho, entre otros) tiene un peso específico. Si este gobierno no amarró tales apoyos, la cicig no tiene futuro en 2007.
El debate sobre jurisdicción y soberanía será otra vez oficioso y superficial. Van a vociferar los mismos “nacionalistas” que entierran la cabeza cada vez que se renueva la presencia de tropas extranjeras en el territorio nacional, o que bendicen como al maná el dr-cafta, no obstante la pérdida de jurisdicción comercial. Cegatones: sin estado de derecho no tendrán negocios deseables, ni carta de ciudadanía en la globalización. El tributo de impunidad que impone cicig le resta autoridad, pero no quita el punto: levantar el estado de derecho sigue siendo urgente. Fuente: www.elperiodico.com.gt |
