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El Estado que nunca tuvimos
Por Edgar Gutiérrez - Guatemala, 10 de febrero de 2007

Nadie mete las manos al fuego por lo que hoy tenemos como servicios públicos.

Los servicios públicos son sinónimo de mala calidad. Es la experiencia de muchos, la convicción de algunos, la referencia de los demás. ¿Quién no busca alternativa a la escuela pública, a los hospitales nacionales o los centros de salud pública? Por eso cada día el peso de esos servicios contratados privadamente pesa más en los presupuestos familiares, provocando estrés en las clases medias.

Hay gente que, más por nostalgia de los tiempos idos, defiende el concepto, cierta tradición y necesidad de los servicios públicos. Pero casi nadie mete las manos al fuego por lo que hoy tenemos como servicios públicos. Y quienes hablan de reformarlos son vistos por propios y extraños como quijotes desaliñados del nuevo siglo.

Cuando en el mundo estuvo en auge el Estado benefactor, acá se colaron algunas nociones que fueron capturadas por los factores de poder entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado, y se procesaron en una lógica de Estado oligárquico autoritario burocrático. Algunas clases medias sin embargo encontraron oportunidades de ascenso social o al menos de estabilidad laboral. Entonces era una inversión promisoria estudiar Magisterio, Medicina, ingresar al Ejército u obtener una plaza fija en el sector público. De ahí para abajo –más del 80 por ciento de la población– el Estado era una molestia –cobraba multas o impuestos, imponía penas, agredía, reprimía, arrebataba derechos de propiedad, protegía al más fuerte, etcétera.

Por eso cuando en los ochenta cayó la batida neoliberal casi nadie salió en defensa de esa noción de Estado. Apenas algunas reivindicaciones gremiales en defensa de un estatus sometido a un acelerado régimen de erosión. Entre tanto, los partidos y la tecnocracia siguieron la ola del FMI y el Banco Mundial de “modernizar” el Estado. En la práctica fue una ruta de degradación.

Los aparatos desconcentrados del MAGA y Salud –extensionistas agrícolas, promotores de salud–, Caminos y otros fueron los primeros sacrificados. La decadencia de los servicios de educación y salud centrales fue más lenta, pero consistente. Tras 20 años están en ruinas. Los negocios de la electricidad, telefonía, energía, recursos naturales, los bancos y varios poderes del Estado, pasaron a más felices manos. Son ahora negocios donde el Estado es mero tramitador de concesionarios y privatizadores. Las últimas instituciones en caer –no juzgo su uso político ni función social, sino su solidez y tradición– son el Ejército y el Banguat.

En todo este trayecto –sobre lo que quiero llamar la atención– nunca se pudo enarbolar un proyecto de reedificación estatal porque careció de bases políticas y sociales. El costo que ha tenido en términos de cohesión social es inconmensurable. Será interesante seguir discutiendo sobre la viabilidad de una reforma del Estado para sustentar la democracia y la paz social, y promover el desarrollo.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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