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Los informales, ¿amenaza?
Por Edgar Gutiérrez - Guatemala, 21 de junio de 2007

Legalizarlos es poner la carreta delante de los bueyes.

Los candidatos a la Presidencia han hablado de los informales en sentidos opuestos: son ejércitos de bárbaros que afean el mercado, a quienes hay que convertir en tributantes civilizados, y en la marcha asimilarlos. O son pequeños héroes del capitalismo real a quienes hay que estimular, por ejemplo, con “créditos a la palabra”.

Los informales son producto del mercado constreñido y el afán de rentas máximas a toda costa en un Estado de Derecho perforado desde dentro y desde fuera; además son agentes versátiles a la demanda creada en los sótanos de la supervivencia. Sin informalidad –y sin remesas– la olla de presión social habría estallado. Es demasiada gente la que vive de esas actividades, y más la que acude a ese mercado, pues solo ahí su dinero tiene algún poder adquisitivo.

El sentido de un debate electoral es construir poco a poco una visión de Estado sobre ese enorme continente de la economía y de la población trabajadora –siete de cada diez– que se vincula a ella. Esa visión parte de una premisa: los informales son población del Estado. El Estado tiene deberes ante ella. Más allá de ideologías o intereses inmediatos, el Estado debe conocer su anatomía real y su racionalidad de supervivencia.

Los informales mitigan una vida insufrible a los pobres y resultan funcionales a ciertos capitales emergentes, a algunos comercios tradicionales que así resisten eclipsar, y también a las corporaciones que los usan bajo la mesa. La competencia desleal no es contra las corporaciones o a la economía formal en general; es contra el propio trabajador informal.

El principal bien a proteger por parte del Estado es el informal mismo, esquilmado como en una sociedad esclavista o feudal. La meta primaria no es que tribute. Ni la SAT, el MP o la PNC deberían acosarlos. El Ministerio de Trabajo, el IGSS, el Foguavi, el Bantrab y cuantas entidades existan en la veta de las políticas sociales del Estado deben considerarlos sujetos, promover su estatus de ciudadano con plenos derechos al crédito, el seguro social y el acceso a vivienda de beneficio social. Ni Estado policial ni señores feudales para este tipo de trabajadores que, a fin de cuentas, son la muleta del sistema.

Legalizar a los informales es poner la carreta delante de los bueyes. Atacarlos, tirar un balazo al pie de la gobernabilidad. Lo que vale es protegerlos como lo que son: homo faber, hombres y mujeres que trabajan. Que la SAT cobre a los grandes evasores, el MP que persiga a los reales delincuentes, y que el brazo social del Estado se ocupe de proteger a las hormigas obreras de este país.

¿Legalizarlos? Quimera. ¿Perseguirlos? Insensatez. ¿Ilusionarlos con expresiones populistas? No se vale. Hay que reconocerles su derecho a la propiedad, pero no es suficiente. Hay que tratarlos con respeto, romper las barreras de la exclusión y no dejarlos a la intemperie. Son las tareas ineludibles del Estado ahora.

Fuente: www.elperiodico.com.gt


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