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La transnacional canadiense perdió la batalla
Por Erwin Pérez - Guatemala, 22 de junio de 2005

Varias verdades han salido a la luz pública luego de la consulta popular realizada en Sipacapa, San Marcos, sobre la conveniencia o no de mantener la exploración y explotación minera del proyecto Marlin de la empresa Glamis Gold, en esa localidad.

El pasado 18 de junio, las trece comunidades que conforman el municipio de Sipacapa participaron en una consulta popular, la que estuvo precedida de serios señalamientos y presiones por parte de la empresa canadiense Glamys Gold. Incluso algunos dirigentes sociales que se oponen a la explotación minera en su municipio expresaron haber sido víctimas de intimidaciones y amenazas de muerte. En la batalla de la transnacional para evitar la realización del pequeño referéndum se incluyó el factor jurídico. Glamys Gold, presentó ante el Tribunal Séptimo de Primer Instancia un recurso para evitar que se autorizara la consulta. Inicialmente consiguieron un amparo provisional, pero posteriormente el fallo definitivo vino de la Corte de Constitucionalidad que determinó que sí procedía legalmente la consulta.

Aquí surge la primera verdad. Glamys Gold le mintió al pueblo sipacapense a quien dijo, a través de unos volantes, que ya no habría consulta por disposiciones legales y que por lo tanto nadie debe asistir a las urnas. Evidentemente su estrategia no dio resultado pues los habitantes de las trece comunidades sí asistieron.

La segunda verdad. Cuando la resistencia a la minería comenzó a provocar noticia e interés nacional, la empresa minera expresó reiteradamente que los opositores a su proyecto estaban conformados por grupos muy reducido de personas y que, la gran mayoría veía beneficios en la explotación minera. La mentira quedó al descubierto cuanto se contabilizaron los votos al final de la jornada del sábado 18. De las 2 mil 564 personas que participaron, 2 mil 448 habitantes rechazaron la minería. Solo 35 personas votaron a favor de la explotación minera. Es decir que el 98.7 por ciento de los ciudadanos consultados se resisten a que la empresa explote sus recursos naturales.

Montana Exploradora Ltd., subsidiaria de Glamys Gold en Guatemala, duda de la legalidad de la consulta y aseguró en días previos que la explotación minera no es sujeta de consulta, porque se trata de un bien del Estado y además, porque el Congreso la ha declarado de necesidad pública. Así, los pobladores decidieron hacer la consulta exponiendo bases legales que respaldan su acción. Los habitantes se respaldaron en el artículo 66 numeral 2 del Código Municipal y el artículo 2 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; y se amparan también en la Constitución Política (Arts. 66 y 253) en la Ley de Descentralización (Art.18) en el Código Municipal (Arts. 35 y 65) y en el citado Convenio 169 de la OIT.

La verdad inobjetable es que Montana perdió la batalla y que los pobladores, en su mayoría mayas sipacapenses, supieron hacer uso correcto de las herramientas que proporciona las leyes nacionales y los convenios internacionales. De estos últimos sobre sale el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Guatemala, que obliga a los Estados a realizar consulta a los pueblos indígenas sobre aquellos asuntos que les puedan afectar.

Desde otra perspectiva, resulta sumamente aleccionador el nivel de organización y coordinación demostrado en las comunidades de Sipacapa. 11 de las trece comunidades votaron NO y, eso debe ser respetado. Por ello los dirigentes comunitarios, quienes tuvieron el apoyo del alcalde durante largo tiempo, hasta que por temor a represalias desistió de mantener su respaldo a la consulta, viajarán a la capital no sólo para mostrar los resultados de la consulta sino para conseguir que las autoridades, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, revoqué los permisos de explotación y exploración minera. Que dicho sea de paso, el 95 por ciento de las licencias fueron otorgadas entre el año 2000 y el 2004.

La experiencia que queda debe ser utilizada en otras situaciones similares, pues en todo el país hay interés de realizar explotaciones mineras. Pero también debe ser útil para el ejercicio de gobierno, pues los resultados que ahora da la consulta en Sipacapa son reflejo de la mala forma en que fueron otorgados los permisos. Basta decir que éstos brotaron en un gobierno señalado ampliamente de corrupto, el del FRG-Portillo. Se dieron licencias sin consultas mínimas a la población, sin información real y objetiva. Votar NO, es el resultado natural después de enterarse que solamente el 1% de las regalías sería para el Estado; también es el efecto que causa el efecto de propaganda falsa que hace una empresa, para conseguir sus propósitos única y exclusivamente lucrativos, sin considerar los daños al medio ambiente y a la sociedad.

Afortunadamente, el debate por la minería, al menos en Sipacapa, parece haberse resuelto –siempre y cuando las autoridades reconozcan la validez de la decisión popular- de la manera más democrática sin llegar a la violencia.

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Época número 758


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