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Los estudiantes del '89
Por Erwin Pérez - Guatemala, 1 y 2 de septiembre de 2005

“Los estudiantes del '89” es el nombre con que se conoce comúnmente el caso de los once estudiantes desaparecidos durante dos semanas en el gobierno de Vinicio Cerezo.

Después de atravesar por veinticinco años de conflicto armado interno era previsible que la camarilla militar no dejara en libre albedrío, al primer gobierno de la época democrática. En consecuencia, la democracia en Guatemala no era, a mitad de la década de los ochenta, un sueño hecho realidad sino permanecía como una tarea a conquistar.

Así que los incipientes acercamientos, de aquel momento, entre la guerrilla guatemalteca y las autoridades de gobierno se empezaron a dar con más desconfianzas y los naturales prejuicios que, con la decisión firme de alcanzar la paz, que el mismo proceso pacificador fue adoptando casi una década después, hasta llegar a la finalización del conflicto armado, que finalmente duró treinta y seis años.

Ese primer gobierno ‘democrático’ tuvo serios tropiezos por la coyuntura, y a pesar que se sabía la continuidad del poder que ejercían los militares tras el telón, las esperanzas de reducir las masacres, secuestros y asesinatos extrajudiciales tenían fuerza para muchos. Esa primera parte del proceso de transición hacia la democracia fue, en el terreno militar, la continuación de la guerra. El Estado seguía viendo en los ciudadanos organizados el enemigo a destruir. La guerrilla, por su lado, sostuvo hasta el último momento que la democracia era una ilusión y la teoría de que los ataques a estaciones del ejército, le darían peso a la hora de negociar.

Era natural que ninguna de las partes tuviera la plena certeza de que el conflicto terminaría. Así el ejército y los grupos paramilitares continuaron con sus operaciones abiertas y clandestinas. Los ataques de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, también continuaban y por momentos parecían incrementarse, sobre todo en la ciudad. De hecho el ejército tenía información que un nuevo comando urbano de las Fuerzas Armadas Rebeldes se había formado y era el responsable de varios atentados y ataques.

En operaciones encubiertas las fuerzas de seguridad del Estado ejecutaron acciones tendientes a aniquilar al enemigo. Sin embargo, en esos operativos también incluyeron a muchos guatemaltecos y guatemaltecas que por ser ‘sospechosos’, y esa calidad de sospecha se las daba el pertenecer a alguna organización popular, sindical e incluso religiosa.

Fueron muchas y muchos los desaparecidos, torturados y asesinados, por las fuerzas represivas del Estado, en aquel primer gobierno ‘democrático’. Los casos de represión son innumerables, algunos son más destacados que otros pero al final todos, absolutamente todos, fueron brutales y repudiables y condenables. Pero lo peor de todo es que los ejecutores de aquellas barbaries –sin olvidar las que ocurrieron durante toda la guerra- jamás han sido enjuiciados. La impunidad se constituyó en un muro impenetrable que, a excepción de la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang, ningún otro caso ha sido resuelto satisfactoriamente para la justicia.

No obstante, hay que hacer ver que victimas y familiares de las personas asesinadas han encontrado un importante respaldo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos –incluido el caso Mack-, y que a nueve años de haberse firmado la paz en nuestro país, el gobierno en nombre del Estado ha pedido perdón. El caso más reciente es el de los 11 estudiantes universitarios desaparecidos entre 21 de agosto y el 10 de septiembre de 1989.

Los estudiantes, víctimas de la represión, eran dirigentes de la Asociación de Estudiantes Universitarios y respaldaron no solo las demandas sociales de aquel momento, como la histórica huelga magisterial, sino que creían fervientemente en la finalización de la guerra, la democratización real del país y la libertad. Por eso los asesinaron. Las fuerzas represivas del Estado fueron las únicas responsables. Vinicio Cerezo era el Presidente (de forma legal también era el Comandante general del Ejército), y Héctor Gramajo era el Ministro de la Defensa. El primero es diputado actualmente y quiere volver a la presidencia, el segundo murió el 12 de marzo de 2004 por un enjambre de abejas, pero durante su periodo lanzó dos extensas ofensivas militares contra la guerrilla, que acabaron con miles de guatemaltecos.

El actual vicepresidente Eduardo Stein fue el encargado de pedir perdón, por la muerte de los estudiantes: Carlos Ernesto Contreras Conde, Mario Arturo de León, Hugo Leonel Gramajo, Carlos Humberto Cabrera, Aarón Ubaldo Ochoa, Carlos Leonel Chutá Camey, Iván Ernesto González, Víctor Hugo Rodríguez Jaranillo, Silvia María Azurdia Utrera y Eduardo López Palencia. Durante su mandato Cerezo jamás reconoció la responsabilidad del Estado, ahora Stein aceptó que “con negar lo innegable o justificar lo injustificable no se empiezan a sanar las heridas ni se buscan caminos de reconciliación…”

“…pido perdón porque el Estado no garantizó la vida e integridad de los estudiantes”, expresó el vicemandatario en medio del llanto de familiares y amigos de las víctimas que asistieron al evento en el Palacio Nacional. Hay que observar que el Doctor Stein no dijo que el Estado había asesinado a los estudiantes, sino que no les “garantizo la vida”, es de entender que él no puede hacer tal afirmación porque se vería en la obligación de denunciar e indicar con mayor precisión quiénes fueron los responsables. Eso si, dijo que el “Ejecutivo impulsará la apertura de un procedimiento penal, ya que a la fecha no existe…”.

En este caso hay responsables conocidos, circunstancias que pueden fácilmente conducir a la justicia, en la entrega de mañana, del Reporte Diario, conoceremos quién o quiénes estuvieron directamente involucrados desde la parte represiva y, cómo se desarrollaron aquellos hechos.


El 10 de septiembre de 1989 los cadáveres de cuatro estudiantes secuestrados aparecieron acompañados de una nota en la que se sindicaba como responsable a la AEU, el motivo las fricciones entre los diversos grupos políticos estudiantiles de ese momento. Pero los cuerpos no dejaban duda que se trataba en realidad de un acto de terror cometido por fuerzas paramilitares de extrema derecha. Para mayor certeza, el informe anual 1989-1990 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la organización de Estados Americanos reveló que “Casi todos los cadáveres de los estudiantes tenían perforaciones de bala, estaban mutilados, con las manos amputadas y muestras de haber sido sometidos a crueles torturas”.

Aparentemente, el sector más conservador dentro de las filas castrenses fue el responsable de los crímenes, bajo su creencia que los nuevos comandos urbanos de la insurgencia se habían organizado en la Universidad de San Carlos. El general Gramajo, tenía otra explicación para la prensa, él “acusó en forma directa como responsables a un grupo de disidentes del Ejército al servicio de la extrema derecha…” y que lo hicieron en su desesperación por haber fracasado en su intento de derrocar al gobierno de Cerezo, mediante “un golpe de Estado”. Así que según su teoría era que el clima de violencia política estaba encaminado a desestabilizar al gobierno de turno.

Para nadie es un secreto que quienes intentaron los golpes de Estado fueron los autodenominados “oficiales de la Montaña”, cuya identidad se conoce plenamente porque “estuvieron sometidos a procedimiento judicial (por el intento de golpe de Estado y no por los crímenes) y después hubo una ley de amnistía y fueron perdonados…” así lo recordó el ex presidente Cerezo durante su declaración ante el juzgado tercero de sentencia penal en el caso Myrna Mack.

Gramajo manifestó que esos grupos disidentes también estaban al “…servicio, del sector privado” y que “realizaban acciones desesperadas y reñidas con la ley…”. Ese mismo mes de septiembre, Cerezo no descartó, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que entre el grupo de desestabilizadores de su gobierno, figurasen ex-oficiales de las fuerzas de seguridad.

Sobre la responsabilidad de qué sector específico fue el responsable intelectual de los secuestros y asesinatos de los “estudiantes del 89”, se puede especular y hacer conjeturas sobre bases de información veraces. Cualquiera de las hipótesis vertidas nos lleva a señalar a fuerzas represivas del Estado, que actuaron en operaciones clandestinas y con toda la logística, información, capacidad humana, técnica y de armamento que solo el Estado podía contar.

Sobre lo que no se puede especular, porque existe un amplio nivel de certeza basado en testimonios y documentos, es que el especialista del ejército Edgar William Ligorría Hernández, "se infiltró en el movimiento estudiantil para informar a los militares sobre las actividades políticas de sus compañeros". El “oreja”, como se les conoce en Guatemala a los informantes clandestinos que posee el Ejército, cumplió con su función de proporcionar la información necesaria que sirvió para cometer aquellos secuestros y asesinatos.

Por ello es que el acto de pedir perdón ocurrido el lunes lleva implícito el reconocimiento, -aunque el vicepresidente no haya usado los términos exactos- del Estado en la ejecución de aquellos crímenes. Es sin duda un buen gesto que se está avanzando, aunque lentamente, por el camino correcto de la reconciliación, anteriormente se hizo en el caso Mack y la masacre del Plan de Sánchez. Sin embargo, no es una simple muestra de buena voluntad del gobierno.

Tanto en este acto como en los anteriores, se debe rescatar la actitud de los familiares de las víctimas que no han cejado en su constante lucha por conseguir justicia y castigo para los responsables. El general Gramajo ha muerto y, el infiltrado Ligorría también, pero la justicia debe llegar a quienes participaron intelectual o materialmente en aquella pesadilla.

Desde la sociedad civil organizada, el acto debe verse como el reconocimiento que merecen aquellos universitarios que a su joven edad tuvieron la valentía, aún en medio de la guerra, de construir la paz y la democracia. Una incipiente democracia, aprovechada por el ‘sector privado’ que tiene ahora a un Presidente de la República que no se atrevió a asistir al acto, al igual que lo hizo en su oportunidad en el acto de Plan de Sánchez.

¿Qué tendría que decir el sector privado de estos acontecimientos, cuando fueron señalados dentro de estos hechos?

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Época números 807 y 808


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