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El salario, negociación fallida
Por Erwin Pérez - Guatemala, 1 de diciembre de 2005

Combinar el agua y el aceite es tan difícil como conseguir en Guatemala acuerdos, consensuados y equitativos, entre las organizaciones sindicales y los propietarios de los medios de producción, aun y cuando el diálogo esté mediado por el Gobierno. El período que la ley estipula para que la comisión tripartita del salario (empresarios, gobierno y trabajadores) se ponga de acuerdo para aumentar o mantener el salario mínimo ha llegado a su fin, sin haber alcanzado consensos. Fue un diálogo fallido.

En correspondencia con la ley, le corresponde al Presidente de la República tomar una decisión al respecto, y hacerla de conocimiento público mediante acuerdo presidencial. En los últimos años ha sido así, los empresarios y los trabajadores se desgarran las vestiduras argumentando y defendiendo su propuesta, pero al final nadie cede. Los cuatro años que Alfonso Portillo estuvo como Presidente otorgó aumentos por decreto.

En 1999 el salario para el campo era de Q 19.65; en el 2000 subió a Q21.62; en 2001 se incrementó a Q25.08; en 2002 llegó a Q 27.50; en el 2003 pasó a Q31.90 y, en 2004 se situó en Q38.60, el que aún está vigente pues el año pasado (el primero de la Administración Berger), no hubo ajuste salarial. Ahora el Diario Oficial ha anunciado, en la primera plana de ayer, que el “Presidente Berger oficializó aumento al salario mínimo” de 10%, que traducido en billetes llega a un alza de Q3.86 y convertido en dólares es un incremento de US$0.50 cada día.

La inflación acumulada, en cambió, sobrepasa el 20% en los últimos años en que no hubo aumento salarial. Como una consecuencia natural, la capacidad de compra de los trabajadores está seriamente golpeada. En los cinco años pasados el salario mínimo aumento Q18.95, pero la canasta básica mantuvo un crecimiento sostenido. En 2003 la canasta básica vital era de unos Q2361.08, para una familia de cinco miembros, pero para octubre de este año aumentó a Q2764.90, es decir más del 11%.

Pese a ello, el Presidente Berger ha considerado que “el aumento está en un rango apropiado” aunque seguramente siente traicionada su intención, expresada en enero del presente año, de que los sectores empresariales y laborales llegaran a consensos, aunque sobre la base de un aumento salarial por “productividad”, lo cual fue respaldado inmediatamente por la parte patronal: los empresarios. Ahora les fastidió que el gobierno repitiera el esquema de pasados gobiernos, porque según ellos “…la única forma de mejorar los ingresos de los guatemaltecos es fijar el salario de acuerdo a la productividad” .

Si a los dueños les desagradó la determinación presidencial, a los trabajadores les pareció un porcentaje muy “pobre”. Rigoberto Dueñas, representante sindical ante la comisión tripartita advirtió que ante la angustiante pobreza y miseria, los sindicatos acudirán al Congreso de la República en busca de remuneraciones adicionales. Los trabajadores no comparten el criterio de aumentar salarios “en función del aumento de la productividad” como lo plantearon los empresarios y el gobierno.

En una serie de entrevistas, Inforpress intentó establecer la relación entre productividad y salarios, considerando cuatro sectores productivos en Guatemala y Estados Unidos -la banca, transnacionales de comida rápida, supermercados y caña de azúcar- para conocer la diferencial entre ingresos, en términos monetarios, y en cuanto a su capacidad de comprar lo que produce, y los resultados son desalentadores para la clase trabajadora guatemalteca si se insiste en el enfoque de productividad.

En las cadenas de comida rápida, por ejemplo, en las que se utilizan iguales tecnologías, hay procesos productivos y de capacitación técnica equivalentes en ambos países, resulta que “un trabajador de McDonalds en EEUU que gana US$49.20 al día (el salario mínimo), puede costear 12 Big Mac «combos» al día ó 60 la semana, pero un trabajador de McDonalds en Guatemala que gana US$7.92 al día puede comprarse apenas dos Big Mac combos diariamente, ó 10 por semana. La brecha es aún más grande en Burger King, donde un trabajador en Guatemala apenas puede comprar 1.7 «combos» con su sueldo diario” .

La situación en el campo es aun más dramática, pues el Instituto Nacional de Estadística estima que más del 95% de la gente ocupada en actividades agrícolas gana menos del salario mínimo. En la ciudad –actividades no agrícolas- el porcentaje de empleados con salarios inferiores al mínimo es de unos 64%. A la grave situación económica que deben enfrentar las familias con esas condiciones de pobreza, hay que agregar la escasez de servicios básicos públicos que provean satisfactoriamente de seguridad, de salud, de protección social y educación.

Los datos del INE, reflejan que el 35% de la Población Económicamente Activa, PEA, se encuentra subempleada; y según la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos, del 2003, en el país sólo hay 172 mil desempleados. La falta de oportunidades y la reducida inversión nacional y extranjera es muy limitada como para generar nuevas fuentes de empleo, lo que significa que millones de guatemaltecos y guatemaltecas, unos 3. 5 millones aproximadamente, realizan alguna labor en el sector informal, donde carecen de prestaciones y tienen empleos de muy baja calidad pero con la posibilidad de conseguir los alimentos mínimos necesarios.

Los empresarios han estado presionando duramente para que el Estado “intervenga” en el crecimiento de la economía informal, pero su bajo nivel de inversión no genera empleos, y cuando lo hace, las condiciones salariales son hambre. Es más en cada oportunidad que el Gobierno habla de subir el salario mínimo por decreto, los empleadores amenazan con destituciones masivas y cierre de puestos, presionando así –contradictorio para ellos- a que las personas se involucren en la economía informal.

El sector laboral por su parte muestra las cifras de la deteriorada economía familiar y demanda aumentos para proveer de alimentos a su familia, pero en la actualidad carece de articulación y coordinación entre sí, como para exigir con fuerza sus demandas. Tampoco tienen representación directa en el parlamento y las vías legales son limitadas en cuanto a demandar aumento salarial se refiere.

De modo que el anunciado aumento de 10% que hizo Berger, será lo único que podrán conseguir los empleados, y al parecer es algo que los empresarios aceptarán a regañadientes, pero sin que les afecte el sueño, pues de lo contrario ya hubiesen salido advirtiendo de plantear recursos de inconstitucionalidad. Entre tanto que el Gobierno, baraja desde ya las alternativas para “perfeccionar un sistema que fije los salarios por productividad y que incluso se pague por hora”, como lo anunció Jorge Gallardo, ministro de trabajo.

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Época número 869


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