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La política y la comunicación
Por Erwin Pérez - Guatemala, 23 de mayo de 2007

A finales de mayo, se inicia una discusión sobre los medios de comunicación, alentada primordialmente por el fin de la concesión que el Estado de Venezuela tenía con Radio Caracas Televisión, RCTV. Los empresarios de la comunicación insisten que se trata de un “cierre” y que éste atenta contra la democracia y la libertad de expresión. Mientras tanto, aquellos sectores sociales o actores individuales que comprenden a plenitud la situación, respaldan la decisión del Estado venezolano de no renovar el convenio de concesión, que no tiene ninguna obligación de mantener.

Sin embargo, la discusión transcurre en condiciones de profunda desigualdad. Por un lado se encuentra una de las partes, ahora vestidos de víctimas, quienes poseen un enorme complejo empresarial de comunicación, utilizado para hacer llegar su mensaje, por supuesto que en la versión que a ellos les interesa; y por la otra, la contraparte que se expresa con medio limitados y sin posibilidad de hacer efectivo el principio democrático de la libertad de expresión, aquella por la que los primeros están discutiendo, pero que guardan envidiosamente para sí.

La posibilidad de transmitir masivamente un mensaje ha ido cambiando con el uso del Internet, pero faltan muchos años para que este recurso tenga el mismo efecto masivo que tiene, por ejemplo, la radio o la televisión. Esta realidad se expresa de manera más cruenta y dura, cuando la comunicación es política. De esa cuenta, tenemos que las batallas políticas que se acostumbran desarrollar en espacios mediáticos, son desiguales y altamente contaminadas.

Las campañas políticas en época electoral, se puede observar con toda claridad el peso de la comunicación. Esta es clave para persuadir a los electores a favor de una u otra opción política. Aunque en época electoral se conjugan numerosos aspectos y elementos que definen los resultados, en la mayoría de casos, esos otros componentes son divulgados, de manera que favorecen o perjudican a determinado candidato.

Una estrategia de comunicación muy bien pensada, puede resultar en beneficio para cualquier partido político. Además, lograr que su campaña sea lo más económica posible. Esto último resulta muy difícil de conseguir, sobre todo si la campaña se concibe bajo el concepto “americano” de propaganda, en el cual el uso de la televisión, la radio y la prensa escrita es cada vez más creciente.

Contar con el dinero ilimitado para hacer una campaña tampoco es garantía de triunfo en las urnas. En la campaña electoral que se desarrolla en Guatemala, hay una muestra de ambos extremos. Se puede observar a una docena de partidos políticos compitiendo en condiciones desiguales. Algunos, como la UCN, la UNE, el PP, la GANA y el PAN, manejan una campaña publicitaria que hace pensar en un derroche de dinero, aunque no todos gocen de buen puesto en los sondeos de opinión. En segundo plano tenemos al resto de partidos que hace una campaña con recursos muy limitados y su propaganda es en varios aspectos bastante artesanal. Pero en un contexto dominado por las empresas de comunicación, resulta casi imposible competir, a menos que el candidato o candidata goce de inmenso respaldo popular.

La disparidad se acrecienta en nuestro país, cuando descubrimos que los cuatro canales de televisión abierta son propiedad de un mismo dueño que además es extranjero. Más de algún candidato acude en busca de espacios de propaganda gratuitos o precios más favorables. El monopolio de la televisión influye entonces de gran manera en la cantidad, frecuencia y tipo de mensajes que los electores reciben durante la época electoral. Ello no favorece en ningún aspecto a la democracia.

Por supuesto que no se trata de un ataque a los medios de comunicación, sino simplemente hacer ver que “no todo lo que brilla es oro” ni que todo lo que se autodenomine democrático lo es. Y concluimos con dos ejemplos de ello. El primero y más conocido es lo que ocurre en Venezuela, en donde simplemente no se renovó el contrato legal, y ello ha hecho movilizarse a la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que ha “denunciado” atropellos a la libertad de expresión, como se mencionó anteriormente. Pero se cuidan de no mencionar nada sobre la participación de la televisora en el golpe de Estado en 2002 contra el Presidente venezolano.

El segundo ejemplo, más reciente y menos conocido, ocurrió el pasado 30 de mayo, cuando La Prensa Gráfica de El Salvador, censuró un campo pagado del opositor FMLN, en el cual se detallan los tres años del gobierno de Elías Antonio Saca. Es curioso que siendo parte de la SIP, el medio de comunicación salvadoreño, se oponga a divulgar en sus páginas un comunicado. ¿La libertad de expresión, es acaso un derecho sólo de los medios? Es necesario democratizar los medios de comunicación y ponerlos al servicio social de las naciones.

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Época números 1213 - 010607


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