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Una revisión de las reglas políticas no caería mal
Por Erwin Pérez - Guatemala, 25 de octubre de 2007

Un repaso por lo ocurrido en la contienda electoral del presente año, debiera ser lo suficientemente aleccionador como para que la clase política entienda la urgente necesidad de transformar o modificar el sistema político en aquellos aspectos que están haciendo daño a la accidentada transición democrática.

En estos meses de feria político-electoral los guatemaltecos que no participamos directamente en algún partido hemos observado como aquellos que si se alimentan diariamente de su filiación partidaria, están conduciendo el proceso con torpeza espeluznante. Lo cual es lamentablemente extensible hacia las autoridades electorales.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han dado más problemas que soluciones. Una primera atención para corregir aquello que consideramos equivocado en el camino a la democracia sería, presentar una planilla de magistrados que sea más solvente de la actual, para hacer cumplir las leyes, pero también para cumplirlas. El escándalo de permitir la inscripción de candidatos aún y cuando éstos no cumplieron los requisitos es el más reciente de una cadena de episodios que han vulnerado la credibilidad y la confianza hacia una entidad que, entre muchas, tiene un importante papel en la construcción de la democracia.

Ahora hay 242 personas que fueron electas y no hay ninguna claridad sobre quién debiera exigirles el finiquito por anteriores manejos de fondos. Pero antes las criticas fueron por permitir que los partidos hicieran campaña antes de lo que la ley permite; el Partido Patriota, incluso inició su campaña con un año de antelación a las elecciones y ahora es uno de los dos contendientes en segunda vuelta electoral. La transparencia sobre las fuentes de financiamiento tampoco fue cumplido por el TSE. Los parcos informes que mostraron más bien perjudicaron la autoridad de los magistrados porque ante los ojos de cualquier ciudadano era evidente que las cifras mostradas oficialmente no corresponden con la inmensa campaña electoral de los candidatos.

En fin, las críticas y señalamientos al TSE pueden ser abundantes. Pero no se trata, en este caso, de contribuir a la descalificación y a la destrucción de una entidad que aún puede rescatar los puntos de confianza perdidos. Para ello desde luego es primordial que ninguno de los actuales magistrados sea reelecto, como parece ser la intención de su actual presidente Óscar Bolaños.

Un segundo aspecto a corregir se centra en la actividad político partidaria. Los partidos son, en Guatemala, un conjunto organizaciones politico-legales que están muy distanciados de los intereses populares y en el mejor de los casos representan a un segmento muy reducido de la sociedad, para su propio beneficio. Es increíble pero cierto, que los partidos sean bastante jóvenes y que el desencanto que despiertan en la ciudadanía ha sido acelerado.

En la actual segunda vuelta electoral por la presidencia la tendencia de los partidos no ha cambiado. Es decir, permanece el enfrentamiento verbal que dominó las elecciones generales del 09 de septiembre.

La hepática forma de los dos candidatos a la presidencia de construir sus discursos en contra de su adversario, está ocasionando un distanciamiento peligroso de los ciudadanos hacia las urnas. La tonalidad en efecto, ha disminuido en estos días en comparación con la semana anterior, sin embargo, no se observa gran motivación por emitir el sufragio.

Lo peligroso del asunto radica en la falta de representatividad y legitimidad que tendrá el futuro gobernante si, como se está pronosticando, el descenso de la afluencia electoral se cumple el próximo 04 de noviembre. La legitimidad es un pilar fundamental de la democracia y ésta no se logrará en la medida en que los ciudadanos no se sientan identificados con aquellos que ostentan el poder político. Y eso no está ocurriendo en la actualidad. De echo, lo que estamos presenciando es un pleito por el poder formal. Algo muy alejado de lo que nuestra endeble democracia requiere: un debate sobre el programa de gobierno de cada contendiente y que ello permita a los ciudadanos decidir qué tipo de país queremos.

Las opciones que promociona la propaganda son en extremo limitadas. Por un lado le ofrecen al país, una agenda de cuatro años que se centra en el trabajo social, el desarrollo rural y un intento por resolver asuntos inmediatos como la seguridad, y el desempleo pero sin hablar abiertamente del cómo y con qué recursos.

Por el otro lado, la propuesta proviene de un militar que está rodeado de fantasmas pero que afirma solucionar el problema más inmediato de la población: la seguridad. Desde luego, no habla de desarrollo rural, de ampliación en los servicios sociales del Estado ni de cómo hará posible la creación de empleos, aunque los ciudadanos más informados especulen que las condiciones laborales cambiarán con un vicepresidente como Ricardo Castillo Sinibaldi. Obviamente no para mejora de la clase trabajadora porque Castillo es de los que creen que el salario debe asignarse por productividad.

Las coincidencias que ambos muestran tampoco son motivo de alegría para el sistema político. Ninguno transparenta sus fuentes de financiamiento; los dos se resisten ha hablar de política fiscal; ambos guardan sospechoso hermetismo respecto a quiénes formarían su gabinete de gobierno y su principal característica es hacer proselitismo desprestigiando a su adversario. Eso es lo que hemos visto en este proceso y lo más destacado de la campaña, de modo que pedir una revisión seria y madura a las reglas del juego político sería sumamente sano para nuestro país. La revisión no caería mal, excepto a aquellos que históricamente se han beneficiado de un sistema político corrupto y capturado por el sector empresarial.

Fuente: www.i-dem.org - Nueva Época números 1315 - 231007


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