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La desaparición forzada de los hermanos Rosales Hernández (caso no registrado en la Memoria del Silencio)
Por Edgar Rosales - Guatemala, 4 de septiembre de 2019

La mañana del lunes 28 de agosto de 1967 era cálida y radiante, como solían ser los últimos días de las canículas de esos tiempos, cuando sus ciclos se cumplían puntualmente, tal como lo pronosticaban los abuelos y sin necesidad de más instrumentos que la sabiduría transmitida de generación en generación.

Para esa fecha, hacía por lo menos un lustro que la vida de los guatemaltecos se había alterado terriblemente y aquella sociedad, tranquila y conservadora por definición, vivía trastornada a causa de un escenario dominado por altas tensiones, debido a que las acciones armadas del incipiente movimiento guerrillero encontraban represalia en un Ejército de Guatemala cada vez más cruel y comprometido en la defensa de los sectores de la oligarquía económica, que no a la institucionalidad, como todavía pretenden sus desfasados defensores.

La familia Rosales Hernández era una de esas de la clase media típica del siglo pasado, que vivía desde la época de la Revolución en la 4a calle 10-26 del Barrio Moderno, zona 2, y que aún creía que el ascenso económico y social eran posibles con base en el trabajo y la perseverancia. Estaba integrada por nueve hermanos –cinco hombres y cuatro mujeres–, de los cuales seis eran solteros y vivían en dicha residencia, junto a don Chepe y doña María, sus padres ya entrados en años.

Era un círculo muy unido, en el cual los intereses de aquellos jóvenes giraban alrededor de los estudios, la música rocanrolera, las películas del viejo Oeste y los inolvidables encuentros entre rojos y cremas, cuando estos eran verdaderas epopeyas. Amaban tanto los deportes, especialmente el fútbol, que su entusiasmo los llevó a fundar dos equipos con puros amigos del barrio: los deportivos Palermo y Emperador. Los inscribieron en aquellas famosas ligas populares, como la Gabriel Urriola o la Mito Marroquín.

Pero aquella paz familiar se interrumpió violentamente ese lunes. A eso de las 11 de la mañana sonaron violentos golpes en la puerta de entrada. Una de las mujeres, María Graciela, de 19 años, acudió a abrir, pero en el acto fue obligada, a punta de ametralladora, a subir a uno de los tres automóviles sin placas, que se habían enviado para cumplir tan deplorable misión. Los Rosales Hernández estaban a punto de sufrir en carne propia un caso de desaparición forzada, uno de los métodos que acostumbraba la Policía Judicial, en su función de banda paramilitar coordinada por el Ejército.

Otros sujetos, fuertemente armados, ingresaron a la casa. Uno de ellos dijo con voz autoritaria: «Que vengan los hombres, pero ya, o aquí se mueren todos». En ese momento se encontraban tres de ellos: Óscar Armando, periodista, de 27 años; José Roberto, de 26 años, quien padecía de epilepsia y Héctor Leonel, de 17 años. Todos acudieron ante aquella horda de energúmenos, fueron vapuleados en su propia casa, esposados y conducidos a los carros del terror. A esos trogloditas nada les importaron las súplicas, de rodillas, de la madre que les pedía, por piedad, no llevárselos. ¡Nada valió! Al contrario, encañonaron a la otra mujer, María Esperanza, de 28 años, y en cuestión de segundos fueron llevados con rumbo desconocido, para nunca volver.

Pero, ¿cuál fue el delito que cometió aquella familia para merecer semejante desgracia? Más que a causa de un ilícito, fueron condenados por un «pecado», según la cavernaria mentalidad de la oficialidad del Ejército: Óscar Armando era militante de las filas urbanas –básicamente intelectuales– del Partido Guatemalteco del Trabajo –PGT–. Sus hermanos, sin embargo, ninguna participación tenían en dicha organización.

No obstante, con el tiempo se supo de otra posible hipótesis: la relación conyugal de otra de las hermanas, María de Jesús, con Mario Silva Jonama, uno de los fundadores pegetianos, quien había desempeñado el cargo de subsecretario de Educación en el gobierno de Arévalo. Ambos habían viajado, como esposos, al XXIII Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, celebrado en 1966. Esa, probablemente, habría sido una causa de mayor peso para consumar aquel acto execrable.

Como era costumbre, las romerías de los familiares en busca de las víctimas de desaparición forzada no tenían resultado alguno. El silencio hipócrita de las autoridades y la pasividad cómplice del arzobispo Mario Casariego –hasta quien acudió aquella angustiada madre– llenaban de dolor, incertidumbre y desesperación al círculo de allegados sobrevivientes.

Así, habrían transcurrido más o menos dos semanas cuando circuló un volante suscrito por la organización paramilitar Movimiento de Acción Nacionalista Organizado (MANO), en el cual aparecían las fotografías de los hermanos Rosales Hernández, quienes supuestamente habrían sido «ajusticiados» el 29 de agosto de ese año, es decir, apenas un día después de su desaparición. Se supone que sus cadáveres aparecieron en las márgenes del río Motagua, junto a otras personas igualmente desaparecidas, sin embargo, esto no se pudo establecer porque al llegar los familiares a identificarlos, los cuerpos habían desaparecido y nunca se supo de su paradero.

El caso fue registrado en un librito titulado La violencia en Guatemala, publicado por el Comité de Defensa de los Derechos Humanos. En dicho texto se hace una referencia de valor histórico, al documento del Movimiento de Liberación Nacional –MLN– titulado Guerrilla y antiguerrilla en Guatemala, en el cual dicha organización criminal justificaba el surgimiento de las bandas paramilitares de la manera siguiente. «La pasividad del Gobierno y su indecisión para enfrentarse al movimiento revolucionario armado hace surgir, a mediados de Enero de 1967, los primeros comandos cívico-militares de represión capitalina… Se persigue, secuestra y liquida a los principales elementos guerrilleros y sus retrosas (sic) son expuestos en carteles y hojas volantes para que los conozca el pueblo».

Con el tiempo se logró establecer que el cabecilla de aquella ejecución masiva fue el tenebroso coronel Máximo Zepeda Martínez –quien meses después también torturó, violó y asesinó a Rogelia Cruz, ex Miss Guatemala–, cuya fama de maldito se había extendido a causa del innumerable rosario de muertes infligidas contra opositores a la dictadura militar. Se supo, entre otros detalles, que al nada más llegar al sitio donde fueron retenidos los hermanos Rosales Hernández se les sometió a crueles torturas y las mujeres fueron salvajemente ultrajadas. José Roberto, prácticamente fue asesinado a martillazos en el cráneo y al resto se les colocó en fila mientras les pasaban un pesado camión encima.

La vida nunca fue igual. Los días y meses subsiguientes fueron de indescriptible dolor para los familiares. Yo conozco muy bien esta historia, porque los Rosales Hernández eran mis tíos, hermanos de mi padre. ¿Que si eso causó daño moral? La verdad es que nunca logré olvidar el pavor que nos causaba la llegada de cada noche, ante la posibilidad de que nuestra casa también fuese allanada, según la práctica de entonces. Imposible desalojar de la memoria, la angustia de caminar largas cuadras, con tal de dormir en la casa de algunos buenos samaritanos, aunque ello algunas veces significara hacerlo junto a las aves de corral, chuchos, ratas y marranos.

Traigo al recuerdo este caso, no para exigir resarcimiento alguno, ¡jamás! Simplemente no creo que ninguna vida se repare, siquiera en mínima parte, por medio de una compensación económica. Por ello, tampoco lo denuncié ante la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Lo hago ahora, a pocas horas de que se conmemore el Día Internacional Contra las Desapariciones Forzadas, para que se refresque esa nuestra memoria colectiva tan proclive a la amnesia; para que no se olviden los métodos de terror, ni las ejecuciones masivas o la subordinación de las policías del Estado a las políticas represivas del Ejército; políticas que ensangrentaron y llenaron de cruces los caminos del país, además de cauterizar el ánima de los guatemaltecos.

Ningún delito –que en este caso fue el de pensar–, ningún «pecado» –que en todo caso fue el del llamado de la rebeldía ante la hecatombe–, tendrán jamás justificativo para haber destrozado por medio de la ejecución extrajudicial, a esta y tantas otras familias. Por todo ello, cuando a veces vienen a mi mente esos nefastos recuerdos y cuando repaso la enorme lista de amigos y compañeros caídos injustamente, suelo hacerme una pregunta para la cual aún no tengo respuesta: ¿reconciliarme yo con esos gorilas del Ejército…?

Fuente: http://gazeta.gt


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