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Hay que aprender el manejo de nuestra historia
por Edelberto Torres Rivas - Guatemala, 12 de septiembre de 2004

Enfrentado al problema de las ex PAC, pienso en Guatemala, y se reitera con angustia el escenario de una historia de callejones sin salida, de caminos accesibles a los que no podemos llegar. Venimos de una larga crónica de dolor, se intenta con los Acuerdos de Paz, y con un poco de voluntad política, ejercitarnos en la reconstitución y reconciliación de esta sociedad que ya se habituó a caminar por el lado torcido de la historia. Pienso con indignación en el momento en que se anunció el pago a los campesinos ex patrulleros como parte de una política electoral, una versión siniestra de clientelismo político. Toda conducta pública que debilite la reconstitución de la nación y la reconciliación de sus ciudadanos es condenable, por inmoral. No podemos dejar de advertir que para lograr aquellos propósitos no sólo cuentan las experiencias acumuladas, sino también las perdidas. Y aquí se perdió mucho en el pasado reciente, muchos bienes materiales, también vidas humanas, confianzas colectivas y hasta incapacidad para los reconocimientos.

Hay que aceptar que hay algo indescifrable en nuestra historia y algo irreparable en los daños infligidos. Una experiencia de ello ocurrió con la peor modalidad de reclutamiento forzoso a comienzos de 1982, cuando un general graduado en Saint Cyr replicó la experiencias francesas de Vietnam y Argelia, y llevó al Ejército a practicarla creando las PAC. La leva compulsiva integró al Ejército una masa de campesinos, sin conciencia del conflicto global y sin armas, temporalmente obligados a dejar su trabajo para defender a una patria que nunca les había dado nada y enfrentar un enemigo que ellos no definieron. En el origen de las PAC hay algo siniestro, pues convirtió la contrainsurgencia en una lucha de indígenas contra indígenas, en un remolino donde fue surgiendo un odio que no existía o removió viejos conflictos, que confundió víctimas y verdugos. A los campesinos contrainsurgentes se les obligó al peor de los trabajos sin salario alguno: matar, torturar, producir dolor. El terror como estrategia común de duelo.

El debate que ahora divide la opinión pública refleja una nueva fractura de la sociedad guatemalteca. Hay que aceptar que hay una fatalidad malvada en nuestra historia si recordamos que después de una década y media de este compromiso campesino contrainsurgente se produjeron sólo efectos negativos: a) no sirvió al Ejército para ganar la guerra; b) los campesinos fueron convertidos por la inercia de la obediencia con miedo en una importante fuerza paramilitar; c) al mismo tiempo fueron después de 1985 los mayores violadores de los derechos humanos; d) a medida que se consolidaron vínculos orgánicos con el Ejército, se fue rompiendo en numerosas comunidades la estructura tradicional de autoridad y e) se creó un factor de división que desgarró el tejido social estimulando polarizaciones que en muchos casos todavía perduran.

¿Sirvieron las PAC para salvar a Guatemala? ¿De qué? Fueron creadas cuando ocurrió la derrota estratégica de la guerrilla, y fortalecidas cuando se inició la transición democrática. Sin embargo, véase la hipócrita justificación que aparece en el Plan de Campaña Firmeza 83 ... “a) organización de toda la población del país para que con apoyo del Ejército defiendan sus intereses comunales, preservándolos de la destrucción por parte de los delincuentes subversivos; b) penetrar a la población civil y organizarla para estar preparados para afrontar un eventual conflicto nacional o internacional, de manera que participe absolutamente todo guatemalteco, para lo cual no se pueden hacer excepciones; c) influir sicológicamente en los pobladores de cada región para que la población sienta repudio hacia el enemigo, se alimente el sentimiento de unión pueblo–Ejército, orientado a localizar a bandas organizadas del enemigo que aún se encuentren activas...”

Al recordar lo anterior hay que reconocer que hay algo irreconciliable en nuestras desavenencias. No es ni legal ni moralmente aceptable que el raquítico Estado nacional, sin recursos para el gasto social, los aplique para pagar este Frankestein creado por el Ejército que llegó para quedarse. Sin embargo, el asunto de fondo como problema no es el pago mismo, sino condenar la estrategia que condujo a la creación de esta fuerza paramilitar. Nadie lo hace. El Ejército violentó la legalidad del país practicando el trabajo forzado, condujo una política de destrucción de 600 aldeas indígenas, asesinó población civil. No cumplió el Acuerdo Gubernativo de 1995 (gobierno de De León Carpio) ni el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (Artículo 61) que ordenaban la desmovilización total de las PAC. Numerosos vínculos se mantuvieron o se recrearon hasta convertirlos en una masa de maniobra electoral, antidemocrática. Los campesinos que hoy exigen un pago no tienen derecho, pero su desvalimiento legal y moral sólo es resultado de una conducta irresponsablemente sostenida por el Ejército y por oportunismo electorero. Ellos también son víctimas, como las que sí tienen derecho al resarcimiento.

Tomado de www.elperiodico.com.gt


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