¿Acuerdos de Paz?
Por Edelberto Torres-Rivas - Guatemala, 28 de diciembre de 2006
Estos son acuerdos para el desarrollo.
Con ocasión del decimo aniversario de la firma de la paz se está discutiendo el significado de esa fecha y de sus resultados, los Acuerdos de paz. Las izquierdas más que analizarlos los elogian; la derecha los ignora porque contienen propuestas de cambio. Atento a la lógica de las cosas se advertirá que los Acuerdos de Paz no lo son. En las pláticas entre guerrilla y gobierno no se negoció nunca el fin de la guerra. El conflicto se fue muriendo; desde 1995 la URNG estaba exhausta y el Ejército solo hacía escaramuzas. Lo político ganó preeminencia frente a lo militar. Basta comparar unos ocho conflictos similares ocurridos en África en fechas parecidas donde las partes negociaban furiosamente la paz al menos por cinco temas básicos: acordar el cese del fuego, luego el reparto del poder político, económico y militar, la amnistía, delimitación de zonas de influencia y la fecha de las primeras elecciones*.
Nada de eso se negoció aquí. Hubo, por ejemplo, la oferta unilateral de cese de fuego que hizo la URNG el 15/III/96. Nótese que lo sustantivo de la negociación habida es expresión conspicua de que la paz ya era un hecho dado; el cometido dialógico se ocupó entonces del tema de la “construcción” de la paz, en este caso, el fortalecimiento de la democracia. Los Acuerdos no deben llamarse “de paz”, sino Acuerdos para el Desarrollo y la Democracia.
Los Acuerdos para el Desarrollo y la Democracia tienen un notable valor político que no es posible negar, pero tienen una raíz contradictoria y una enjundia confusa. Lo primero alude a que fueron dictados por intereses distintos de los que deben ejecutarlos; hay una tensión entre la capacidad de formularlos y la capacidad de cumplirlos. La derecha saca provecho de esta tensión y la izquierda, se confunde. En conjunto los Acuerdos parecieran constituir un pacto social que se propone a la sociedad. Una visión holística, en este aniversario, es superior a la necia lectura “al pie de la letra” de cada recomendación para ver qué se cumple y que no. En una lectura que no extravía su sentido, se entiende que los Acuerdos se refieren en verdad, a la necesidad urgente de contar con un Estado democrático, moderno. Ese es el resumen, la síntesis, la razón superior de los Acuerdos.
La experiencia de la historia, sobre todo la más reciente, prueba que la democracia y el desarrollo los impulsa un Estado, que a su vez es garantía de un mercado pujante. En Guatemala no hay ni el mercado que quiere la derecha ni el Estado que busca la izquierda. Resultan necios los interminables balances sobre el manido tema del “cumplimiento”. De hecho se ha satisfecho lo que la fuerza de sus partidarios ha permitido pues no se olvide que el Estado está en manos conservadoras. Ello explica que los Acuerdos están incumplidos en aquellos aspectos que de realizarse conformarían un Estado fuerte y democrático. ¿No lo entienden así algunas fuerzas de izquierda? Pero ocurre que cada “balance” está acompañado de una queja y los lamentos izquierdistas no les deja ver los importantes cambios ocurridos en esta década. De los Acuerdos se ha formado una agenda política que tiene plena validez aunque no consenso. Los Acuerdos han penetrado en el lenguaje político, ya constituyen temas nacionales, dan respaldo –a veces retórico– a muchas iniciativas.
El fraseo de los Acuerdos del Desarrollo y la Democracia es confuso y muchas propuestas incompletas. No existe la intención de restarles méritos pero tampoco es bueno sobrevaluarlos cual si fueran un programa de izquierda. Al fin y al cabo hay jerarquías entre ellos y dos de los más importantes fueron aprobados, uno por el Estado Mayor de la Patronal, el CACIF, y otro por el Estado Mayor del Ejército. Veamos algunos Acuerdos: El AIDPI es el más importante para la cultura política nacional y por sus efectos de cambio de mentalidad. El escenario empieza a ser otro por el reconocimiento de la multiculturalidad; contiene objetivos imposibles de alcanzar, por lo menos, para esta generación. ¿Por qué? Porque no existen las fuerzas política capaces de construir un poder compartido, interétnico.
El “socioeconómico” es reiterativo y por momentos equívoco pues apunta a la construcción de una sociedad que ya debería existir. En Costa Rica, sería insuficiente. No traza una estrategia global para la economía nacional ni una particular para el problema de la tierra. El relativo al Estado, al Ejército y su papel en una sociedad democrática, si se ve con cuidado, tiene una redacción sibilina en la parte relativa al ejército y por ello el texto admite más de una interpretación. Pero el tema del Estado, a fortiori, aparece en su esencial contradicción: pues para cumplir lo que recomienda el Acuerdo se supone la existencia de un Estado moderno que a su vez hay que hay que construir. El círculo sería virtuoso si hubieran actores democráticos en aumento, capaces de erigir un Estado democrático. Las fuerzas progresistas deben saber lo que quieren y lo que pueden, independientemente de lo que los Acuerdos digan.
En otros países el programa de un partido de izquierda es más avanzado en relación con nuestros Acuerdos.
Es el momento de epitomar: no se ha hecho una lectura correcta de los Acuerdos pues su parte más útil, enjundiosa, teóricamente ajustada se encuentra en sus Considerandos. Se encuentra ahí, una breve, pero consistente introducción teórica e histórica, maciza y bien lograda que antecede a las recomendaciones que las “partes” proponen. Ese preámbulo, a veces, tiene poco que ver con la dimensión normativa que aparece en la “selva” de recomendaciones. La riqueza intelectual de los Considerandos se dan la mano con el valor político que contienen. El análisis de ese valioso conjunto de ideas, permiten configurar un proyecto de nación. Es ahí donde reside la importancia estratégica de los Acuerdos que ni derechas ni izquierdas han percibido. En este aniversario vale la pena leerlos pues trazan un horizonte intelectual y político más amplio y prometedor.
*V. Fisas y K. Herbolzheimer, “Modelos de Procesos de Paz, estudio comparativo” Universidad Autónoma de Barcelona, enero, 06, p.3
Hay que rectificar la historia: Aquí no hubo guerra civil, no se encuentra ninguno de los rasgos que la califican. Hubo algo peor: un Estado terrorista con mas de 40 años de vida, que asesinó, desapareció mas de 150 mil personas. En el interior de ese período, hubo dos momentos guerrilleros. El primero, un típico “foco” quedó destruido rápidamente, a la mitad de los sesenta. El segundo, a comienzos de los ochenta, fue un levantamiento de 3 organizaciones con desigual fuerza efectiva. El EGP, mas desarrollado, inició una ofensiva de ocupación territorial con apoyo logístico de comunidades indígenas. El 1/X/81 el ejército inició su ofensiva que en l8 meses se convirtió en una derrota estratégica de los alzados. El Ejército asesinó 50.000 indígenas y quemó 600 aldeas en un acto de barbarie racista falto de sentido pues los indígenas no se armaron nunca. Desde entonces los guerrilleros dejaron de ser una amenaza política; partir de 1995 el “conflicto” estaba técnicamente terminado.
Fuente: www.elperiodico.com.gt - 271206 |
